ZACATECAS, MX.- Pese a que durante su mandato se ha registrado un crecimiento sostenido de las violaciones a los derechos humanos, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, asignó a su oficina cinco veces más que el presupuesto destinado al órgano estatal de defensoría de los ciudadanos, publicó razon.com.mx.
Dentro del Presupuesto de Egresos 2025, aprobado en días pasados por el Congreso local a propuesta de Monreal Ávila, se estableció una partida de 198 millones 622 mil 322 pesos para la Oficina del Gobernador, lo que representa exactamente cinco veces los 39 millones 262 mil 515 pesos asignados a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).
En los hechos, los recursos de este organismo autónomo se verán disminuidos respecto al presente ejercicio, pues aumentaron sólo dos por ciento, es decir, menos que la inflación.
Esta situación de menosprecio por la CDHEZ se da a pesar de que desde el 2022, primer año completo de la administración de David Monreal, se ha observado un alza sostenida en violaciones a los derechos humanos.
Ese año la Comisión correspondiente recibió 778 quejas por abusos de distintas autoridades, lo que representa un aumento de 16 por ciento respecto a las 665 registradas en el 2021.
En el 2023, segundo año completo del Gobierno de David Monreal, se presentaron ante la CDHEZ 840 quejas, con lo que el aumento entre ese año y el 2022 fue de 7 por ciento, y respecto al 2021, de 26.3 por ciento.
El alza se ha mantenido en el transcurso de este 2024, toda vez que el segundo cuatrimestre —el corte más reciente— se abrieron 289 expedientes, lo que significa un incremento de 20 por ciento respecto al primer cuatrimestre, cuando la cifra fue de 239.
La crisis de derechos humanos en Zacatecas quedó reflejada en un informe publicado el pasado mes de noviembre por la CDHEZ, en el que se establece que, durante una encuesta realizada recientemente por el organismo, el 96 por ciento de mujeres entrevistadas dijo haber sufrido algún tipo de violencia.
A las personas consultadas se les preguntó si cuando sufrieron violencia recibieron algún apoyo por parte de instituciones del Gobierno, a lo que 84 por ciento respondió que no y sólo 12 por ciento que sí.
En cuanto a las quejas recibidas por la CDHEZ durante el segundo cuatrimestre de este año, el primer lugar lo ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Zacatecas, lo cual es atribuible a la gestión del ahora exalcalde de Morena, Jorge Miranda.
En segundo lugar aparece el Ministerio Público, que depende de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, institución que se mantiene recurrentemente en los primeros lugares de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
El más reciente informe de la CDHEZ incluye un apartado especial sobre abusos de autoridades en el sistema penitenciario. De acuerdo con el recuento del periodo mayo-agosto de este año, el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Zacatecas encabeza las denuncias, con nueve; le sigue la Dirección de Prevención y Reinserción Social estatal, con seis; luego está Establecimientos Penitenciarios Distritales con cuatro y Centro Federal de Readaptación Social 18, Ramos Arizpe, con dos.
Asimismo, el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Zacatecas generó dos quejas; la Policía Penitenciaria de Traslados de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y el área de Supervisión de Centros Penitenciarios, una cada una.
Un hecho que ilustra la crisis en la materia que se vive en esta entidad es la represión sufrida el pasado 8 de marzo por mujeres participantes en la marcha del 8M, quienes fueron golpeadas, jaloneadas y amenazadas por elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Zacatecas, lo que originó una recomendación a los dos niveles de Gobierno por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo nacional defensor de la ciudadanía apuntó que al menos 15 manifestantes sufrieron violación de sus derechos a la libre manifestación y protesta, a la libertad y seguridad, al debido proceso, a la integridad personal y a una vida libre de violencia.
La CNDH calificó los abusos como “actos crueles, inhumanos y degradantes ejercidos por mujeres y hombres policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a la Policía Municipal de Zacatecas”.
El pasado 8 de marzo, durante la conmemoración del 8M, varias manifestantes fueron detenidas y trasladadas a jaloneos al Callejón de las Campanas, cerca del Palacio de Gobierno, en donde permanecieron encapsuladas durante varias horas, de acuerdo con testimonios de colectivos feministas y videos del C5, para luego ser trasladadas en vehículos oficiales ante el Juzgado Cívico. (Fuente: razon.com.mx)
