Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante la falta de consulta ciudadana del contenido de la recién aprobada Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio por parte de la Décimo Octava legislatura, las inversiones privadas pueden inhibirse en Quintana Roo ante el temor de verse afectadas por alguna de las 28 causales que pueden usar, ya no solo el titular del poder ejecutivo sino secretarías de gabinete y organismos públicos descentralizados, para hacerse de terrenos bajo el argumento del interés público.
Antonio Barón Aguilar, abogado postulante, explicó que diferentes sectores se han acercado a grupos especialistas para conocer y entender el alcance de dicha iniciativa presentada por la gobernadora, Mara Lezama, que ha generado polémica y reacciones diferentes que la han calificado ya como ley del despojo por ser cuestionada en cuanto a legalidad e inconstitucionalidad.
Antes de ser aprobada, la iniciativa debió ser sometida a consulta de abogados, arquitectos y agrupaciones inmobiliarias que conocen los alcances de una expropiación a fin de adecuarla a las características de Quintana Roo.
Explicó que la iniciativa aprobada por la Décimo Octava legislatura fue con el propósito de reformar la ley existente desde 1978 “quisieron mejorarla, pero tiene visos de inconstitucionalidad ya que solo copiaron algunos artículos sin someterla a un estudio de derecho comparado con leyes de otros estados que tienen una ley de expropiación, con la ley federal e incluso con algunos países de Latinoamérica que están en ese mismo proceso”.
Barón Aguilar señaló que la iniciativa aprobada aumenta a 28 las causales por las cuales se puede realizar la expropiación de un predio “pero son conceptos ambiguos que no dan certeza legal y ponen en la indefensión a los ciudadanos ya que no justifican los motivos de manera fundada y motivada”.
Reiteró que el contenido de la iniciativa aprobada puede inhibir las inversiones en Quintana Roo ante el temor de empresarios de verse afectados después de realizar alguna compra e iniciado un proyecto “que si bien pueden recurrir al amparo son procesos muy tardados. Además, mientras se realiza todo el proceso el bien será ocupado para los fines que el estado considere”.
Señaló que, si bien el ciudadano afectado puede pedir la reparación del daño ocasionado, también eso lleva su tiempo.
Barón Aguilar dijo que en estos momentos queda esperar a ver si las autoridades realizarán foros de consulta entre especialistas para elaborar la reglamentación aplicable a la ley de expropiación. (Noticaribe)