Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.— Ante las muestras de rechazo de colectivas feministas y a escasos días que la Decimo Octava legislatura aprobó reformas al Código Penal y a la ley de movilidad, que imponen sanciones más severas a chóferes de servicios de transporte público y privado, la gobernadora Mara Lezama, ordenó a la Consejería Jurídica revisar la iniciativa “ante la posibilidad de que pudiera atentar contra la libre expresión y manifestación de las y los ciudadanos de Quintana Roo
A través de sus redes sociales, Mara Lezama aclaró que si bien la ley anterior ya consideraba sanciones al respecto, instruyó al Consejero Jurídico para que se presente una reforma ante la legislatura local, en la cual se precise el derecho de libre manifestación pacífica.
“Somos un gobierno sensible y democrático, y ese será siempre un derecho, afirmó.
Lezama reconoció que la reforma ha generado inquietud ante la posibilidad de que atente contra derechos fundamentales. “Derivado de la posibilidad de que la reciente reforma al Código Penal pudiera atentar contra la libre expresión y manifestación de las y los ciudadanos de Quintana Roo, y a pesar de que el texto anterior ya consideraba sanciones al respecto, he instruido al Consejero Jurídico para que se presente una reforma ante la legislatura local, en la cual se precise el derecho de libre manifestación pacífica”, señaló la mandataria.
Lezama subrayó que su administración es “sensible y democrática”, por lo que garantizará que el derecho a la protesta pacífica quede plenamente protegido en la legislación estatal.
La reforma original había suscitado críticas por parte de organizaciones civiles y sectores de la oposición, que advirtieron sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.
Es de recordar que colectivas feministas externaron su rechazo a las reformas hechas ya que violenta el derecho de los ciudadanos a manifestarse y era un elemento para reprimir la inconformidad contra las instituciones que no cumplían con su responsabilidad de atender las demandas de la gente.
Con esta nueva iniciativa, el gobierno estatal busca disipar dudas y asegurar que no se criminalicen las manifestaciones legítimas en la entidad.
El ajuste será presentado en los próximos días ante el Congreso local para su análisis y eventual aprobación. (Noticaribe)