Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Colectivas feministas criticaron el silencio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQRoo) y su consejo consultivo ante la reciente reforma al Código Penal y la Ley de Movilidad, aprobada por la Décimo Octava Legislatura, que endurece sanciones contra taxistas involucrados en actos violentos. Argumentaron que estas modificaciones podrían atentar contra la libertad de expresión y manifestación.
Tras la instrucción de la gobernadora Mara Lezama a la Consejería Jurídica para revisar la reforma, las organizaciones pusieron en duda la actuación de la CDHEQRoo y, sobre todo, de los diputados locales, a quienes acusaron de aprobar leyes sin leerlas ni revisarlas, respondiendo únicamente a intereses políticos y económicos de ciertos grupos.
En un escrito firmado por 19 organizaciones civiles femeninas, dirigido a la gobernadora y a la Legislatura, las colectivas cuestionaron la postura de la CDHEQRoo, encabezada por Omega Ponce Palomeque, y de su consejo consultivo, al señalar que prefirieron guardar silencio y no emitir ningún pronunciamiento en contra de las reformas. “Se hicieron de la vista gorda y demostraron que solo están ahí para obedecer a su patrona”, señalaron.
Asimismo, calificaron como “lamentable y vergonzosa” la actitud de los diputados y diputadas, así como de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Quintana Roo, acusándolos de omisiones, opacidad, corrupción, negligencia, impunidad y permisividad ante la violencia.
Las organizaciones insistieron en que las reformas aprobadas por la Legislatura, bajo instrucciones del Gobierno estatal, no responden al bienestar general, sino a intereses políticos y económicos de ciertos grupos en el poder, que buscan adecuar la ley a su conveniencia.
“La criminalización de la protesta es lo que realmente define a este supuesto ‘gobierno humanista con corazón feminista’. Con estas reformas, que sancionan a quienes, en la búsqueda de justicia, interrumpen actividades cotidianas o bloquean vías de comunicación, se concreta una postura represora de esta narcogobernadora que hay en Quintana Roo”, expusieron en su comunicado.
Finalmente, calificaron como “terrible” que el Estado no brinde justicia y, cuando se protesta por su ineficiencia, busque reprimirlas, “ya no con balazos (que no es que no lo quisieran hacer), sino facultando a una Fiscalía omisa para actuar en nuestra contra”.
Las colectivas advirtieron que no guardarán silencio ante lo que consideran una estrategia para coartar la libertad de expresión y manifestación en la entidad. (Noticaribe)