CHETUMAL, MX.- Las y los diputados de la XVIII Legislatura aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, así como turnar la reforma de diversas disposiciones del código Penal para el Estado.
Con esos dos temas, los 21 diputados presentes conocieron el proceso de consulta realizado a las personas con discapacidad, la que fue desarrollada en siete etapas y hoy fueron recibidos los resultados de dicha consulta. Aunque aún falta la “etapa de publicación de resultados que se llevará a cabo del 25 de febrero al 7 de marzo del presente año y consiste en la difusión de los resultados de la consulta en el micrositio, así como del informe final”.
Las personas consultadas estuvieron de acuerdo con la publicación, así como las propuestas de modificación al texto, por cada participante debe de considerarse una persona acompañante; así como eliminar el certificado de discapacidad. Otorgar el apoyo económico a las personas que participen, y que el Poder Legislativo lleve a cabo mesas de trabajos con las organizaciones de la sociedad civil. Que en estos espacios de opinión y participación también se integre a niñas y niños con discapacidad.
Por ello, la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de Vulnerabilidad, aprueba todas las peticiones de los foros realizados; para que la consulta se lleve a cabo cada dos años, con una programación presupuestal.
El otro tema, fue la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal, enviada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa; “artículo 182.- Al que de cualquier modo dañe o destruya, alguna vía o medio de comunicación o de transporte destinado a la prestación de los servicios públicos o privados de transporte en cualquiera de las modalidades contempladas en la ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo que no sean de jurisdicción federal; o dañe o destruya las señalas correspondientes, interrumpiendo o dificultando los servicios de emergencia, se le aplicará prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a doscientos días multa”.
Dicha iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y respectiva dictaminación. La presidenta de la mesa citó para la séptima sesión ordinaria para el jueves 6 de marzo a las 6.00 de la tarde en el recinto legislativo. (Agencia SIM)
