CANCÚN, MX.- El Gobierno de Quintana Roo ha iniciado un proceso legal para revocar la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, actualmente operada por la empresa Aguakan.
En conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Gobierno, Cristiina Torres, se leyó un posicionamiento en el que se destaca que la administración estatal sostiene que la decisión de iniciar este proceso contra la concesionaria responde a un amplio rechazo social derivado de deficiencias en el suministro de agua, cobros indebidos y afectaciones ambientales.
Fundamentos del proceso legal
Desde el inicio de la actual administración, el gobierno estatal ha realizado auditorías técnicas, financieras y sanitarias para evaluar el cumplimiento de la concesión otorgada en los años 90 y prorrogada en 2014 hasta 2053. Como resultado, se han detectado diversas irregularidades, incluyendo una presunta ampliación ilícita del contrato sin facultades legales por parte del Ejecutivo estatal.
En consecuencia, el 16 de mayo de 2024, el gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual derivó en una carpeta de investigación en contra de directivos de Aguakan. Según las autoridades, existen pruebas suficientes para acreditar delitos como promoción de conductas ilícitas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez federal ya ha emitido órdenes de aprehensión contra algunos directivos.
Impacto ambiental y sanitario
Además de los señalamientos legales, el gobierno ha documentado problemas ambientales y sanitarios graves asociados a la operación de Aguakan. Muestreos realizados en escuelas, hospitales y plantas de tratamiento detectaron presencia de contaminantes en agua potable fuera de los límites permitidos por normas oficiales, lo que representa un riesgo para la salud pública. Asimismo, en las aguas residuales se encontraron niveles alarmantes de bacterias como E. coli y coliformes fecales, lo que podría ocasionar un daño irreversible al ecosistema.
Posición del Gobierno de Quintana Roo
Las autoridades estatales han enfatizado que su actuación se fundamenta en el cumplimiento de la ley y en la voluntad ciudadana expresada en consultas populares previas, donde la mayoría de los votantes se pronunciaron a favor de la revocación de la concesión. También aclararon que no existe ningún acuerdo con la empresa y que no se busca la compra de Aguakan, sino la terminación definitiva del contrato.
El gobierno subrayó que la Cuarta Transformación en Quintana Roo no permitirá que el acceso al agua sea utilizado como un medio de enriquecimiento privado a costa de la población. “El agua es un derecho humano, no un privilegio”, reafirmaron las autoridades, asegurando que continuarán defendiendo los intereses de los ciudadanos hasta las últimas consecuencias. (Noticaribe)
POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO DE QUINTANA ROO (TEXTO COMPLETO)
POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SOBRE EL LITIGIO QUE SE LLEVA A CABO CONTRA LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAKAN
El hartazgo social acumulado por muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración en el drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua cuando no suministran el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causas de ese rechazo e irritación social. Incluso hubo una consulta popular en la cual, la mayoría de las y los ciudadanos se expresaron por terminar con la concesión.
Es por ello que desde el inicio de la presente administración se atiende la demanda social de que el Estado deba velar por la efectiva y legal implementación de la concesión, así como de su terminación; por lo cual, se han realizado diversas auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, así como a la operación de la concesión, el análisis de muestras de agua, visitas a las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual nos permitió detectar diversas irregularidades y como consecuencia de ello, la presentación de las denuncias correspondientes.
En este sentido, las denuncias presentadas por este gobierno hasta esta fecha tuvieron como fundamento los siguientes hechos:
- La concesión que fue otorgada en los años 90’s fue prorrogada ilícitamente en 2014, hasta el 2053 y ampliada a un municipio adicional (Solidaridad).
- Derivado de lo anterior, el 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, misma que después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, determinó que existían elementos suficientes en contra de directivos de la empresa DHC.
- El Juez Federal competente determinó que existen datos de prueba que demuestran el delito de Promoción de Conductas Ilícitas, toda vez que el 5 de diciembre de 2014, directivos de la empresa gestionaron de manera ilícita por 30 años más la prórroga de la concesión a cambio del pago de $1,055 millones de pesos, toda vez que el Gobierno del Estado no tenía facultades para obligarse a gestionar una prórroga y ampliación de una concesión en esa materia, lo cual corresponde única y exclusivamente a los Municipios y al Congreso del Estado. Que como resultado de la gestión ilícita con posterioridad y sin seguir los procedimientos de ley, continuaron con esta ilegalidad generando ganancias multimillonarias para dicha empresa sin que se vean reflejadas con la calidad y cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía.
- Derivado de los hechos anteriores y como es del conocimiento público, UN JUEZ FEDERAL LIBRÓ ÓRDENES DE APREHENSIÓN al encontrar elementos suficientes, POR LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTRA DE DIRECTIVOS DE AGUAKÁN.
Por lo que respecta a los temas de salud y afectación al medio ambiente, de las y los quintanarroenses, que derivan de la explotación ilícita de la concesión, la Comisión Nacional del Agua, CAPA, así como epidemólogos del IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados, llevaron a cabo diversos muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de agua residual, operadas por la concesionaria DHC, obteniendo como resultado afectaciones sanitarias y ambientales muy graves.
Los actos realizados por el Gobierno, como son la presentación de denuncias ante la existencia de posibles hechos de corrupción y lavado de dinero, constituyen el cumplimiento de un deber legal para que se investiguen a profundidad, pues no se encubrirá nunca conducta ilícita alguna. “El patrimonio de las y los quintanarroenses no se vende”.
Que quede bien claro; en Quintana Roo, con la llegada de la Cuarta Transformación, nunca se comprometerá el patrimonio del pueblo. El agua es un derecho humano, no un privilegio y menos un instrumento para el enriquecimiento de unos cuantos.
Como lo dijo la primera Presidenta Mujer de este país, el interés público debe prevalecer sobre cualquier interés privado. No olvidemos que la voluntad del pueblo es el principal pilar del actuar de este Gobierno. Nadie por encima ni al margen de la ley; donde la razón asiste al pueblo, tendrá un gobierno que lo defienda hasta sus últimas consecuencias.
