Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró dos sitios en Yucatán por daños ambientales, uno en Tekax, donde se detectó un cambio de uso de suelo ilegal en la Reserva Biocultural del Puuc, y otro en Sisal, donde se taló de manera ilegal una extensión de más de 10,400 metros cuadrados de mangle botoncillo (Conocarpus erectus). En ambos casos, la dependencia aseguró maquinaria y contó con el apoyo de diversas instituciones federales para frenar los daños ecológicos.
En Tekax, la Profepa realizó una inspección en la Reserva Biocultural del Puuc y constató la eliminación parcial y total de vegetación natural en al menos dos puntos. Como resultado, clausuraron los terrenos afectados y aseguraron maquinaria pesada utilizada en la devastación. Este ecosistema es hogar de una rica biodiversidad y su alteración representa un daño grave para la conservación de flora y fauna en la zona.
El caso de Sisal ha generado indignación entre los habitantes, quienes desde el 25 de febrero denunciaron la presencia de maquinaria como motosierras, machetes y hachas en la zona de manglar. Existen versiones extraoficiales que señalan que la remoción del mangle podría estar vinculada con planes de desarrollo inmobiliario, mientras que otra versión indica que fueron los propios vecinos quienes intentaban despejar terreno para establecer viviendas. A pesar de que la Profepa colocó sellos de clausura, el 27 de febrero vecinos denunciaron que la destrucción continuaba, e incluso detectaron el uso de maquinaria pesada.
Ante la falta de respeto a la clausura y la persistencia en la tala ilegal, el 2 de marzo la Profepa acudió a Sisal en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para detener la remoción del mangle en la zona federal. La dependencia confirmó que, tras su inspección inicial, se había documentado la destrucción de más de una hectárea de mangle botoncillo, una especie protegida por la NOM-059 Semarnat-2010, debido a su importancia ecológica en la protección de la costa y la biodiversidad de humedales.
Ambos casos ponen en el centro de la discusión el impacto ambiental del crecimiento urbano en Yucatán, donde la tala ilegal, el relleno de humedales y la privatización de áreas naturales han sido problemas recurrentes. La Profepa ha reiterado su compromiso de vigilar y sancionar cualquier daño ambiental en el estado, pero el desafío radica en garantizar que los sellos de clausura se respeten y que los responsables sean llevados ante la justicia ambiental. (Noticaribe)