Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Recientemente Yucatán se ha visto en el ojo del huracán por la represión que se manifestó en contra de activistas durante las marchas del 8M Día Internacional de la Mujer y también en medio de protestas en el puerto de Sisal a donde incluso el gobierno del Estado envió 300 elementos.
Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) expresó su respaldo a las mujeres que participaron en la marcha del Día Internacional de la Mujer, ya que se les aventaron chorros de agua y gases lacrimógenos.
Sin embargo, no es un hecho aislado porque en esta misma semana pobladores de Sisal se manifestaron por inconformidades en cuanto al uso de la tierra y las autoridades estatales optaron por enviar 300 elementos para controlar la protesta.
No obstante, luego de días de tensión en Sisal, Hunucmá, por la deforestación de manglares y el conflicto de tierras, autoridades federales, estatales y habitantes del puerto sostuvieron una reunión privada en la sede de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Mérida.
Se establecieron acuerdos preliminares que buscan poner fin al problema ambiental y, al mismo tiempo, atender la necesidad de vivienda de los pobladores.
Uno de los puntos clave del acuerdo es que las autoridades volverán a Sisal para realizar un levantamiento detallado de los daños causados al ecosistema, en especial a los manglares que fueron talados en la zona costera. Además, se analizarán los terrenos disponibles dentro del puerto para determinar qué espacios podrían destinarse a la construcción de viviendas, con el objetivo de ofrecer una solución viable para quienes han exigido su derecho a la tierra.
Mientras se llevan a cabo estas evaluaciones y se trabaja en una solución definitiva, las autoridades acordaron suspender temporalmente el proceso de investigación en torno a la deforestación. Esto significa que, por el momento, las carpetas de investigación en curso no avanzarán hasta que se establezca un plan concreto que permita resolver el conflicto sin afectar más el entorno natural ni perjudicar a los pobladores.
El acuerdo representa un avance en la crisis que ha mantenido en vilo al puerto en las últimas semanas, luego de los enfrentamientos entre habitantes y fuerzas de seguridad durante los operativos de la Fiscalía General de la República (FGR).
La comunidad ha insistido en que su lucha no es por destruir el ecosistema, sino por encontrar una solución a la falta de espacios para vivienda, un problema que ha ido en aumento debido al crecimiento poblacional y el desarrollo inmobiliario en la costa.
Si bien esta negociación ha dado un primer paso hacia una posible solución, queda pendiente definir cómo se garantizará la restauración del ecosistema dañado y qué terrenos podrán ser habilitados sin afectar más el equilibrio ambiental de la región. En los próximos días, las autoridades deberán regresar al puerto para cumplir con lo pactado y dar respuestas concretas a los habitantes, quienes han dejado en claro que no cesarán en su demanda hasta obtener certeza sobre su derecho a la vivienda en su comunidad. (Noticaribe)