El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, prohibiéndoles la entrada al país debido a su participación en actos significativos de corrupción durante sus mandatos. Esta medida también se extiende a sus familiares inmediatos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que ambos exfuncionarios abusaron de sus cargos al organizar y beneficiarse de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en el desvío de millones de dólares del gobierno argentino.
En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner, en relación con irregularidades en la concesión de 51 obras viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de su esposo, Néstor Kirchner.
Tras la confirmación de la sentencia, el gobierno del presidente Javier Milei decidió retirar la pensión que la exmandataria percibía por haber ocupado la Jefatura del Estado, así como la pensión que heredó de Néstor Kirchner.
Cristina Fernández de Kirchner ha negado todas las acusaciones y ha presentado recursos legales para revocar su condena.
Estas sanciones reflejan el compromiso de Estados Unidos en promover la rendición de cuentas y combatir la corrupción a nivel global, incluso en las más altas esferas del gobierno. (Agencias)
