Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante la decisión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de retomar el proyecto de creación de un Área Natural Protegida de poco más de 219 mil hectáreas que abarca Bacalar y ejidos aledaños, el consejo comunitario de la cuenca de la laguna reiteró su rechazo a dicha propuesta.
Roberto Salgado Sangri, vocero de la organización, explicó que ahora el organismo federal pretende usar como pretexto los daños ocasionados por la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la orilla de la Laguna de Bacalar, “cuando son las autoridades de los tres niveles las que han autorizado el desmonte y la deforestación de terrenos en zonas altas que servían como muros verdes de contención ante los escurrimientos, desde las montañas de Campeche, de aguas que en su paso arrastran contaminantes agroquímicos del ingenio azucarero y tierras de cultivo de los menonitas”.
Lejos de invertir en infraestructura sanitaria (drenaje de aguas negras y pluviales, rellenos sanitarios, planes de manejo de residuos peligrosos), atacar las causas y regular los servicios, insisten en culpar al turismo, manifestó.
Recordó que, desde el año 2016, Amigos de Sian Kaán, financiados por la Conanp y con el aval legislativo del Partido Verde Ecologista y la SEMA, presentó un Estudio Previo Justificativo y Estudio de Tenencia de la Tierra para la Declaratoria de Bacalar, con el que pretendió sostener que los ejidatarios de Bacalar, Aaron Merino Fernández, La Península, Calderitas y Juan Sarabia estaban de acuerdo con la propuesta de un ANP para la laguna de Bacalar que abarcaba 219 mil 818 hectáreas, incluyendo las lagunas Mariscal, Chile Verde, Guerrero, Milagros, Agua Salada, San Felipe y la costa de la Bahía de Chetumal.
Salgado Sangri, consideró que si la Conanp impone la declaratoria del ANP, se apropiará junto con Amigos de Sian Ka’an de la administración y el manejo de los permisos para cualquier tipo de actividad que se realice en el perímetro de la ANP de Bacalar, las autoridades estatales y municipales perderán el control de la zona con mayor potencial turístico, se detendría el incipiente desarrollo económico, porque a los inversionistas no les sería atractivo invertir con las limitaciones de un ANP, con resultados previsibles de mayor pobreza y delincuencia.
Recordó que, en el 2017, organizaciones empresariales, ejidales y campesinas de la zona sur manifestaron su rechazo a la intención del PVEM, Conanp y Amigos de Sian Ka’an para imponer un ANP en la Laguna de Bacalar y sus alrededores, ya que sin necesidad de declaratorias de ANPs, han destinado extensas áreas a la protección ambiental, en el entendido de que preservar el medio ambiente “nos permite mantener nuestras propiedades como un atractivo turístico.”
Afirmó que son las propias autoridades ambientales las que impiden, con la imposición de innumerables trámites, el desarrollo sustentable en las tierras ejidales y comunitarias y hay pruebas de que las ANPs solo benefician a académicos, funcionarios, políticos y empresarios, excluyendo a los propietarios originales de las tierras, como han sido los casos cercanos de la a reserva estatal Santuario del Manatí en la Bahía de Chetumal, la Biósfera de Sian Ka’an, en Felipe Carrillo Puerto y Yum Balam, en Chiquilá, Lázaro Cárdenas. (Noticaribe)
