Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras reconocer que la normativa en materia de accesibilidad universal no se cumple en México, ya que las leyes federales no se han homologado en los estados, la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I y coordinadora de la especialidad en accesibilidad universal, Ezka Elena Solano Meneses, consideró que el sistema de transporte público de pasajeros que se pretende incorporar en Chetumal debe contar con un esquema que atienda no solo a las personas con discapacidad, sino también a todos los grupos históricamente vulnerados, como niñas y niños, adultos mayores, personas neurodivergentes, de la diversidad sexual, migrantes y comunidades originarias.

Invitada a participar en un evento organizado por el Gobierno del Estado, explicó que el servicio de transporte público debe poder ser utilizado por todas las personas “que se manejen de manera autónoma, sin dependencia de alguien que los pueda ayudar o hacer el favor”.

Añadió que el transporte público debe estar bien iluminado por cuestiones de seguridad, contar con información y señalética clara y legible, paraderos iluminados y adecuados, así como incluir recursos para personas con discapacidad auditiva y visual, además de ser accesible para infantes y usuarios en sillas de ruedas.

“Los servicios públicos deben ser accesibles y asequibles para todos”, insistió.

No obstante, Solano Meneses lamentó que en México, a pesar de contar con reconocimiento internacional en materia de protección a las personas con discapacidad, las leyes no se cumplen, ya que no están articuladas entre los estados y la federación.

Actualmente, dijo, las leyes establecen la normativa, pero no una obligatoriedad para que sean cumplidas, ya que solo se manejan como sugerencias, pues no hay sanciones. “Por ejemplo, si un arquitecto vulnera el derecho de una persona con sus diseños, no pasa nada; son normas enunciativas que dicen cómo debe ser, pero no lo obligan a cumplir con las necesidades”, señaló.

Explicó que, en el plano político, los esquemas de cuotas para atender a grupos vulnerables parecen cumplir con garantizar los derechos de las personas, pero en realidad no es así. “Por eso hay que pensar en un camino participativo, donde las personas vulnerables estén presentes desde el momento de la planeación hasta la gestión y ejecución de los proyectos, para que sus derechos sean respetados”, subrayó.

Reiteró que los servicios para las personas con discapacidad y de grupos vulnerables deben ser no solo accesibles, sino también asequibles. (Noticaribe)

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