RÍO DE JANEIRO. — La cifra de víctimas mortales por la megaoperación policial en las favelas de Río de Janeiro ascendió a 132 personas, según confirmó este miércoles el Ministerio Público del estado de Río, lo que convierte el operativo en la acción más letal registrada en la historia de Brasil.
Durante la madrugada, vecinos de la favela Vila Cruzeiro hallaron al menos 70 cadáveres adicionales en un área boscosa cercana a la zona de enfrentamientos. Los cuerpos fueron alineados en una plaza y cubiertos con mantas para permitir su identificación por familiares y amigos. Estas víctimas no estaban incluidas en el balance oficial del martes, que contabilizaba 64 muertos —incluidos cuatro policías—, además de 81 detenidos y 90 fusiles decomisados.
El operativo y la violencia desatada
Más de 2 500 agentes participaron en la incursión lanzada el martes contra los complejos de favelas Vila Cruzeiro y Penha, considerados bastiones del Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las principales organizaciones criminales de Brasil.
Durante el operativo, los narcotraficantes lanzaron granadas desde drones y levantaron barricadas, lo que desató un prolongado intercambio de fuego con la policía.
Río de Janeiro amaneció con calles vacías, sin tráfico y con un clima de miedo. La ciudad, la segunda más poblada del país, permaneció prácticamente paralizada mientras las autoridades retiraban los restos de las barricadas y aseguraban los accesos a las favelas.
Contexto criminal y antecedentes
El Comando Vermelho, fundado en Río de Janeiro en la década de 1970, es el segundo grupo criminal más poderoso del país, solo detrás del Primer Comando de la Capital (PCC), con base en São Paulo.
El PCC surgió en 1992 tras la masacre de Carandiru, cuando la policía mató a 111 presos durante un motín, hasta ahora considerada la peor matanza policial de Brasil, título que ahora cede ante la operación en Río.
Reacciones políticas
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recién llegado de una gira por Asia, se reunió en Brasilia con su gabinete de seguridad para evaluar la situación.
Por su parte, el gobernador de Río, Cláudio Castro, acusó al Gobierno federal de falta de apoyo en la lucha contra el crimen organizado y defendió la actuación de las fuerzas de seguridad locales.
Preocupación por derechos humanos
Organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil advirtieron sobre la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, señalando que la cifra de muertos y el hallazgo de cuerpos por parte de vecinos evidencian una crisis humanitaria y de seguridad pública sin precedentes.
La tragedia deja a Río de Janeiro en un estado de conmoción y reaviva el debate sobre los límites de la violencia policial en un país que enfrenta desde hace décadas la convivencia entre pobreza estructural, crimen organizado y ausencia del Estado en vastas zonas urbanas. (Agencias)
