La Fiscalía General de la República (FGR) revocó el acuerdo firmado por su anterior titular, Alejandro Gertz Manero, que había concedido el beneficio de “testigo colaborador” a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario del certamen Miss Universo, implicado en una red delictiva relacionada con el robo de combustible (huachicol) y otros delitos.
Con base en esta decisión, la FGR solicitó y obtuvo de un juez federal una nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú por el presunto delito de delincuencia organizada —en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos— tras considerar que no cumplió con los requisitos para mantener el criterio de oportunidad.
El juez Octavio Alarcón Terrón, del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, instruyó la captura de Rocha Cantú por estos cargos, los cuales ameritan prisión preventiva de oficio si llega a ser detenido.
La FGR decidió anular el acuerdo de “testigo colaborador” tras evaluar que Rocha Cantú no se presentó a ser interrogado por autoridades competentes en fechas señaladas y solicitó comparecer por videoconferencia, alegando vulneración a su seguridad personal; además, su defensa tampoco acudió a una cita ante la Fiscalía de Delincuencia Organizada.
También influyó en la decisión una solicitud formal de Pemex, en la que la empresa pidió a la FGR revocar el beneficio debido a que —según argumentó— Rocha no cumplía con los requisitos para acceder a ese mecanismo legal.
Desde que se le otorgó ese beneficio, Rocha Cantú permaneció en el extranjero, y su estancia fuera de México ha impedido su localización por parte de las autoridades.
En respuesta a esta situación, Rocha Cantú anunció en un comunicado que su organización cerraría temporalmente las oficinas administrativas de Miss Universo en la Ciudad de México y trasladaría operaciones a Nueva York, debido a lo que calificó como “ataques infundados” e “incertidumbre jurídica”.
Con esta acción, la FGR busca retomar el proceso penal en su contra y avanzar en la investigación de la supuesta red criminal que se le atribuye, enfrentando nuevas etapas de persecución penal tras la reversión del beneficio legal previamente otorgado. (Agencias)
