Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— El estado de Yucatán modificó su Código Penal para endurecer las sanciones por feminicidio, estableciendo penas de hasta 70 años de prisión cuando exista una relación de parentesco, confianza o subordinación entre el agresor y la víctima, con lo que este delito se coloca entre los más severamente castigados en el país.
La reforma también contempla penas de hasta 65 años de cárcel cuando la víctima sea menor de edad, superando ampliamente el rango anterior que oscilaba entre 35 y 55 años. El objetivo, de acuerdo con autoridades estatales, es fortalecer la protección a las mujeres y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a este tipo de violencia.
El Decreto 163/2026, firmado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, incorpora además responsabilidades penales para servidores públicos que omitan investigar muertes violentas de mujeres bajo el protocolo de feminicidio, filtren información sensible o retrasen los procesos judiciales. En estos casos, las sanciones contemplan de cinco a ocho años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta una década.
Otro de los cambios relevantes establece que el presunto agresor perderá la patria potestad desde el momento en que sea vinculado a proceso, y se refuerza la obligación de que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio con perspectiva de género. Asimismo, se ordena brindar protección integral a hijas e hijos que queden en situación de orfandad.
La reforma ocurre tras un año crítico en materia de violencia de género, pues 2025 cerró como el periodo con mayor número de feminicidios en Yucatán desde 2013, con cifras que varían entre 10 y 15 casos según registros oficiales y conteos ciudadanos, situación que impulsó la actualización del marco legal para fortalecer la respuesta institucional frente a estos crímenes. (Noticaribe)
