La Agencia Nacional de Aduanas de México vuelve a colocarse en el centro del debate nacional. No por una reforma estructural ni por un golpe decisivo contra el contrabando, sino por una serie de movimientos internos y revelaciones periodísticas que exhiben la fragilidad institucional de una de las áreas más estratégicas del Estado mexicano.
Las columnas publicadas este martes por Mario Maldonado en El Universal y por Raymundo Riva Palacio en El Financiero coinciden en un punto central: Aduanas atraviesa un proceso de reacomodo interno en medio de escándalos de corrupción y presiones políticas que podrían terminar impactando el futuro de su actual titular, Rafael Marín Mollinedo.
Maldonado advierte que dentro de la ANAM se está configurando un nuevo eje de poder encabezado por José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, quien ha comenzado a colocar a colaboradores cercanos en posiciones estratégicas. Según el columnista, el argumento oficial es fortalecer la tecnología para mejorar la recaudación y combatir el contrabando; sin embargo, el resultado práctico ha sido la incorporación de perfiles vinculados al círculo que Merino construyó durante su paso por el aparato tecnológico del gobierno capitalino.
Entre esos movimientos destaca el nombramiento de Carlos Meléndez Sagahón al frente de la Dirección General de Investigación Aduanera, una de las áreas más sensibles del sistema. Maldonado recuerda que este funcionario ya había sido colocado previamente en la dirección de Tecnologías de la Información, lo que confirma el avance de ese grupo dentro de la estructura aduanera.
El cambio ocurre además en un contexto financiero delicado. Aunque durante 2025 las aduanas reportaron ingresos por comercio exterior por más de 1.44 billones de pesos, el inicio de 2026 mostró señales menos favorables: la recaudación aduanera cayó más de 9 por ciento real en enero, reflejo tanto de factores económicos como de un menor dinamismo comercial.
Pero el análisis más inquietante proviene de Riva Palacio. En su columna, el periodista revela la existencia de un documento confidencial de la Marina que detalla presuntas redes de corrupción en Aduanas durante la gestión de Horacio Duarte. El informe describe una estructura que involucraría a funcionarios civiles, mandos militares y operadores vinculados al contrabando, con presencia en varios puertos y fronteras del país.
Según el columnista, el documento menciona a funcionarios clave de aquella administración y describe una red que habría operado desde recintos como Pantaco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mexicali y Nuevo Laredo, con vínculos incluso con operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo más delicado, señala, es que la información era conocida dentro de la Marina sin que se hubiera emprendido una investigación a fondo.
El trasfondo político de este escenario no pasa desapercibido. Riva Palacio recuerda que la dirección de Aduanas ha tenido una rotación constante desde 2018 —de Ricardo Peralta a Ricardo Ahued, luego Horacio Duarte y finalmente Marín Mollinedo, quien ocupa el cargo por segunda ocasión—, lo que refleja la dificultad histórica para controlar una estructura donde confluyen intereses económicos, políticos y criminales.
En ese contexto aparece la variable política. Como apunta Maldonado, el propio Marín Mollinedo ha reconocido su interés en competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo en 2027, lo que anticiparía su salida de la ANAM antes de que concluya el año e incluso antes de mediados de 2026. En el entorno de Rafa Marín, incluso no se descarta la posibilidad de una designación diplomática en caso de que no sea beneficiado con la candidatura como pareciera por la señales encontradas que se han generado y donde la única posibilidad de seguir vivo en la contienda interna es en el caso de un rompimiento de la alianza de Morena con el PVEM y PT, lo cual se ve poco probable aún con los problemas y desacuerdos por la reforma electoral de Claudia Sheinbaum que sus aliados no quieren respaldar.
La pregunta inevitable es si la salida de Rafael Marín de Aduanas –miembro quiera o no del Grupo Tabasco que llegó a esas posiciones de poder de la mano de Andrés Manuel López Obrador–, será resultado de una estrategia política personal o de una necesidad del propio gobierno federal de despresurizar una institución que se ha convertido en un punto crítico de tensiones.
Las aduanas no sólo concentran uno de los principales ingresos del Estado mexicano; también son el paso obligado del comercio exterior, el contrabando y, según señalamientos de autoridades estadounidenses, de precursores químicos vinculados al fentanilo que llega a Estados Unidos.
Con ese nivel de presión internacional, financiera y política, el control de Aduanas se ha vuelto una tarea de alto riesgo.
Y cuando un cargo se convierte en una “papa caliente”, en la política mexicana suele aparecer una salida conocida: mover la pieza antes de que el tablero termine incendiándose.
