Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Una misión de observación ciudadana documentó diversos hechos relacionados con la presencia policial, mecanismos de vigilancia y posibles vulneraciones al derecho a la protesta durante la marcha del 8 de marzo de 2026 en Mérida, en la que participaron entre 5 mil y 9 mil personas, de acuerdo con estimaciones citadas en el informe.
El reporte, titulado “Misión de observación 8M”, señala que la movilización comenzó alrededor de las 17:40 horas, tras una concentración previa en el Parque de la Mejorada, y avanzó por calles del Centro Histórico y Paseo de Montejo hasta llegar al Monumento a la Patria, donde concluyó cerca de las 20:30 horas.
Durante la protesta participaron diversos contingentes, entre ellos defensoras del territorio, familias de víctimas de feminicidio, madres autónomas, colectivas feministas, personas trans, trabajadoras sexuales y comunidad LGBT+, así como personas que acompañaron la marcha en bicicletas o patines.
El informe señala que durante la jornada se registró presencia de policía preventiva y antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y agentes de la Policía Municipal de Mérida en distintos puntos de la ruta de la manifestación.
Según la observación, la vigilancia inició desde horas antes de la marcha con acordonamientos en Paseo de Montejo y calles cercanas, así como el cierre de vialidades en la periferia del recorrido.
El documento también reporta la presencia de personas vestidas de civiles que posteriormente se colocaron chalecos reflectantes similares a los utilizados por policías, así como la operación de al menos cinco drones durante la movilización, algunos presuntamente pertenecientes a corporaciones de seguridad.
Además, se identificó la presencia de personas descritas como “orejas”, quienes portaban radios o audífonos y se dedicaban a observar y documentar lo ocurrido durante la protesta.
La misión de observación también registró que, desde la noche previa a la manifestación, autoridades colocaron vallas alrededor de edificios y monumentos del Centro Histórico, entre ellos la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Ateneo Peninsular y el Monumento a la Patria.
En el caso del Monumento a la Patria, se documentó que dentro del perímetro cercado se instalaron carpas, baños portátiles y elementos policiacos equipados con escudos, cascos y toletes, aunque posteriormente se retiraron del sitio durante la manifestación.
El informe también aborda la discusión pública generada en redes sociales tras las pintas realizadas en monumentos, señalando que estas intervenciones deben entenderse como actos de iconoclasia, es decir, una forma de protesta política para denunciar la violencia estructural contra las mujeres, y no únicamente como vandalismo.
De acuerdo con el documento, centrar el debate únicamente en el daño a los monumentos puede invisibilizar las demandas de justicia y seguridad que motivan la movilización feminista.
La misión concluye que durante la jornada se registraron prácticas que podrían representar vulneraciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, entre ellas la colocación previa de vallas en monumentos, el uso de dispositivos de vigilancia y la falta de intervención policial ante situaciones de amedrentamiento hacia manifestantes.
Asimismo, señala que el monitoreo ciudadano de este tipo de movilizaciones es clave para documentar el actuar de las autoridades y fortalecer la rendición de cuentas en contextos de protesta social. (Noticaribe)
