Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- La Fundación Yansa A.C. denunció públicamente actos de criminalización, hostigamiento y persecución contra su director, Sergio Oceransky, a quien identificó como defensor de derechos humanos, del medio ambiente y de los derechos de comunidades indígenas.
De acuerdo con el posicionamiento leído por la abogada Alejandra Poot, Oceransky recibió la tarde del 3 de abril, en pleno Viernes Santo, un citatorio para presentarse este lunes ante el Juzgado de Control 11 de Tonalá, Jalisco, por una denuncia de presunta extorsión. La fundación sostuvo que su director no conoce a la persona denunciante, no ha vivido ni trabajado en Jalisco y tampoco tuvo acceso previo a la carpeta de investigación.
La organización señaló que esta denuncia forma parte de un patrón de represalias por el acompañamiento que Yansa ha brindado a procesos comunitarios y legales contra despojos de tierras colectivas, megaproyectos inmobiliarios, energéticos, granjas avícolas industriales y otros actos que consideran violatorios de derechos. También acusó a la Fiscalía General del Estado de Yucatán de mantener abiertas carpetas de investigación durante años, aun sin elementos suficientes, como forma de intimidación contra defensores comunitarios.
En el pronunciamiento, la fundación afirmó que mientras las denuncias en contra de activistas avanzan con rapidez, los ataques y amenazas que han reportado tardan meses en ser investigados. Sostuvo que esto refleja un patrón de omisiones institucionales que busca desgastar, silenciar y debilitar los procesos organizativos de las comunidades.
Alejandra Poot señaló que Oceransky fue detenido de manera arbitraria y denunció que es una situación que vulvera los derechos y garantías del director.
“Interpondremos todos los recursos legales y exigimos a las autoridades que trabajen con verdad, con justicia y de manera transparente”, añadió.
Representantes de las comunidades mayas expresaron su respaldo a Oceransky y acusaron que detrás del caso hay intereses empresariales y políticos afectados por la defensa del territorio. Desde Kinchil, Ixil, Molas y Dzitnup, insistieron en que la defensa de la selva, el agua y la tierra no puede ser tratada como delito y advirtieron que no permitirán más intimidaciones contra quienes acompañan sus luchas.
La Fundación Yansa exigió el cese inmediato de cualquier forma de criminalización contra su director, pidió a las autoridades de Jalisco garantizar su integridad física, psicológica y jurídica, y llamó a organismos de derechos humanos, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse atentos al desarrollo del caso. “La defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas nunca será un delito”, sostuvo la organización. (Noticaribe)
