AKUMAL, MX.– El conflicto entre el grupo hotelero Oasis y condóminos de Aventuras Akumal escaló nuevamente, ahora con acusaciones de despojo, demolición ilegal de infraestructura, ocupación de vía pública y posibles actos de corrupción y colusión de autoridades municipales en Tulum.
De acuerdo con denuncias de propietarios, el complejo Grand Oasis Riviera Maya habría ordenado la demolición de un bar de aproximadamente 24 metros cuadrados ubicado en un área común del condominio, sin contar —presuntamente— con permisos de construcción ni autorización de la asamblea de condóminos, lo que podría constituir delitos como daño en propiedad ajena, despojo y ejercicio indebido de funciones.
Los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril, cuando un grupo de trabajadores ingresó al área común y comenzó la demolición. Según los testimonios, los albañiles admitieron no tener licencia municipal ni identificar a un responsable directo de la obra, negándose incluso a suspender los trabajos pese a las reclamaciones.
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— Noticaribe (@Noticaribe) April 27, 2026
Los denunciantes sostienen que notificaron a la Dirección de Desarrollo Territorial y Urbano de Tulum; sin embargo, la actuación oficial fue irregular. Aseguran que los inspectores enviados carecían de facultades para intervenir, lo que podría evidenciar omisión de autoridad. Además, acusan que personal de seguridad privada del hotel interceptó a los funcionarios y los condujo con directivos del complejo, tras lo cual se retiraron sin frenar la obra ni garantizar la legalidad del procedimiento.
“Denunciamos estos hechos al mediodía del viernes a la Arq. Libertad Vazquez Burgos, titular de la Dirección General de Desarrollo Territorial y Urbano del Municpio de Tulum, quien ofreció mandar inspectores, que llegaron a las 4:30 PM pero eran de la Dirección de Fiscalización, que no tiene atribuciones para los temas de obras irregulares y como se lo reclamamos por teléfono y Whatsapp, esta persona insistió equívocadamente que los llamados Fiscales si tenían las atribuciones, pero fueron interceptados en la pluma de acceso al Condominio, ubicada sobre la Vía Pública, y llevados por Gerardo Moreno, Jefe de Seguridad Privada Vizprotect, con el Subgerente del vecino Hotel Oasis”, relataron.
Una historia de fondo: vía pública tomada
El conflicto actual no puede entenderse sin su antecedente central: el cierre de una vía pública en el fraccionamiento Akumal Caribe.
Desde antes del año 2000, el grupo hotelero habría bloqueado un tramo de vialidad —conocido por vecinos como “los muros de la vergüenza”— para integrar físicamente su expansión hotelera.
Aunque un juicio de amparo reconoció el carácter público de esa vía y permitió recuperar espacios como cajones de estacionamiento, los condóminos denuncian que el acceso volvió a cerrarse y que actualmente se realizan construcciones sobre ese mismo tramo.
Modificación de colindancias: posible alteración patrimonial
Uno de los señalamientos más delicados es la presunta intención de modificar las colindancias del régimen de condominio a favor del hotel.
Condóminos aseguran contar con comunicaciones en las que un directivo del grupo hotelero reconoce haber ordenado la demolición del bar y menciona la contratación de un perito para redefinir límites de propiedad.
El caso se agrava por antecedentes que apuntan a un patrón de apropiación irregular de espacios. Los condóminos señalan que el grupo Oasis mantiene cerrado un tramo de vía pública en el fraccionamiento Akumal Caribe —reconocido como tal mediante un juicio de amparo— y que actualmente realiza construcciones sobre ese espacio, lo que podría configurar ocupación ilegal de bienes públicos.
Asimismo, acusan una estrategia sistemática para tomar control del condominio, que incluiría presiones para la venta de departamentos, litigios de embargo contra propietarios y la manipulación de asambleas mediante administradores presuntamente vinculados al propio grupo hotelero, lo que abre la posibilidad de fraude, abuso de confianza y conflicto de interés.
Uno de los elementos más delicados es la presunta intervención directa de Jean Agarrista, quien durante muchos años fungió como presidente de la cúpula hotelera de la Riviera Maya y hoy es un alto ejecutivo del grupo Oasis, identificado por los denunciantes como quien ordenó la demolición y que, además, estaría gestionando la modificación de colindancias del régimen condominal a favor del hotel. De confirmarse, esto implicaría posibles alteraciones ilegales en escrituras y régimen de propiedad.
Los denunciantes mostraron los mensajes enviados y recibidos de Jean Agarrista, quien como director Adjunto del grupo hotelero, les había confirmado que él mismo había ordenado la demolición del bar citado y que además estaba contratando a un perito para modificar las colindancias en las Escritura del regimen de condominio, en favor del hotel.
Control del condominio: presiones y asambleas cuestionadas
Además, los denunciantes describen una estrategia paralela para tomar control del condominio Aventuras Akumal.
Señalan presiones para la venta de departamentos, litigios de embargo contra propietarios y manipulación de asambleas mediante administradores afines al grupo hotelero.
Y es que la actual administradora del condominio, Haydee Hernández Pastrana, quien, según los propietarios, fue designada sin su consentimiento, actuaría como representante del hotel. Además, el hecho de que esta persona fuera reciente nombrada como funcionaria municipal en el gobierno de Diego Castañón en Tulum (es Directora General de Turismo), ha encendido alertas sobre un posible conflicto de interés y uso de influencias para frenar la actuación de autoridades.
Los denunciantes también advierten sobre condiciones de inseguridad dentro del condominio, al asegurar que personal de seguridad privada y empleados del hotel permiten el acceso y uso de áreas comunes —incluida la alberca— a huéspedes externos, lo que podría violar el régimen de propiedad en condominio y derechos de copropietarios.
En conjunto, los hechos descritos apuntan a posibles delitos como despojo, daño en propiedad ajena, uso indebido de bienes públicos, abuso de autoridad, omisión de funciones, falsificación de documentos y corrupción.
Un conflicto que rebasa lo local
Para los condóminos, el caso ya no puede tratarse como un diferendo privado. Consideran que existe un patrón estructural que combina poder económico, vacíos legales y debilidad institucional.
Por ello, exigen la intervención de instancias estatales y federales, así como auditorías a permisos, licencias, actas de asamblea y decisiones administrativas relacionadas con el caso.
Mientras tanto, el conflicto en Akumal sigue escalando, con implicaciones no solo para los propietarios afectados, sino para el modelo de desarrollo turístico y el respeto al estado de derecho en una de las zonas más valiosas del Caribe mexicano. (Noticaribe)
