Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras reconocer la complejidad de la situación de las personas extranjeras deportadas, así como de los mexicanos deportados que llegan a Quintana Roo por la falta de atención médica y laboral, el delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, Roberto Agundis Yerena, señaló que el gobierno del Estado busca los mecanismos para responder a esas necesidades, ya que no se ha logrado cubrir esas demandas con las casas de migrantes.
Recordó que han tenido varias reuniones con el gobierno del Estado para darles a conocer que de manera constante crece el número de migrantes que llegan a la entidad “y tan solo en lo que va del año hemos atendido a más de 120 personas extranjeras deportadas que vienen de Estados Unidos; en lo que corresponde a los temas cotidianos de migración, hay mucha gente que llega a Cancún derivado de muchas situaciones migratorias y es cuando atendemos el proceso de regularización”.
Agundis Yerena recordó que, si bien en las últimas semanas llegó a Quintana Roo un autobús con personas mexicanas deportadas, hizo la aclaración de que la Defensoría Pública atiende a los deportados extranjeros “y en el caso de los mexicanos que han sido deportados es responsabilidad del Estado buscar los mecanismos de atención, por lo que realizan los trámites para que obtengan sus documentos oficiales”.
Hay muchos cubanos, venezolanos y colombianos que salen de Estados Unidos, llegan al centro de detención de Villahermosa y deciden trasladarse hasta Cancún, y es ahí donde se concentra el mayor número de extranjeros deportados, explicó.
Aclaró que la Defensoría Pública no tiene contacto con los centros de atención de migrantes para saber las condiciones en las que se encuentran las personas que ahí se concentran, pero hay que garantizarles el acceso a la salud, a la justicia y al trabajo “y en muchas ocasiones reciben apoyo de sus mismos connacionales, como es el caso de los cubanos”.
“No necesariamente significa que su situación sea la más cómoda. En algunos casos tienen trabajo, pero en otros enfrentan una situación bastante compleja”, subrayó.
El representante de la Defensoría Pública señaló que cuentan con nueve defensores de ejecución, nueve defensores del proceso y cinco de ejecución, y que es en el área de asesoría mixta y de migración donde se acumula la carga de trabajo. “Tenemos cerca de 500 expedientes de personas que piden regularizar su situación en muchas índoles de temas de refugio, desde buscar su calidad como refugiados hasta una simple regularización”. (Noticaribe)
