CHETUMAL, MX.– El caso del juez Eduardo Utrilla López, quien enfrenta señalamientos graves por su actuación en un proceso que recientemente escaló a un nuevo nivel cuando un juzgador federal decretó el sobreseimiento de dicha causa penal, evidencia una crisis en la impartición de justicia en Quintana Roo.
El proceso en cuestión ha cobrado relevancia durante los últimos meses, luego que la parte afectada señalara a este juez de haber actuado con criterios cuestionables al modificar una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (emitida por otro juzgador) y permitir la libertad de los dos imputados —Samuel Jaime A. J. y Viktoriya A.— vinculados a un proceso por fraude y robo a casa habitación, dentro de la carpeta administrativa 510/2025.
De acuerdo con la parte denunciante, en una resolución emitida el 17 de abril de 2026, el juzgador habría instruido al Ministerio Público presentar acusación en un plazo de 48 horas, pese a que la investigación aún no se encontraba concluida.
La defensa de la víctima sostiene que existían diligencias pendientes y que incluso la autoridad ministerial habría reconocido en audiencia que el caso requería mayor integración, elementos que —afirman— fueron ignorados por el juez al emitir su determinación.
También se le atribuye a este juez haber negado la reapertura de la investigación, lo que habría derivado en una acusación con un expediente incompleto, situación que los quejosos consideran una afectación directa al debido proceso.
Otro de los señalamientos apunta a que el juzgador habría desestimado argumentos de la víctima sin un análisis propio, adoptando criterios similares a los de la defensa, lo que ha generado dudas sobre su imparcialidad.
Ante estas actuaciones, la víctima promovió un amparo, señalando la falta de claridad sobre la unidad investigadora competente, la ausencia de certeza respecto de la asignación administrativa de la carpeta, el incumplimiento de actuaciones procesales atribuidas al Ministerio Público y la continuidad de actuaciones jurisdiccionales mientras existían medios de impugnación pendientes.
SOBRESEIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL
Durante esa etapa del proceso penal, la víctima advertía sobre una posible mala aplicación del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual regula la extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo.
La preocupación radicaba en que dicho precepto pudiera servir como fundamento para extinguir la acción penal y sobreseer el procedimiento como consecuencia de omisiones institucionales que no serían atribuibles a la víctima.
Esa preocupación fue expresada en el amparo que conoció un Juez de Distrito, quien requirió al promovente precisar exactamente cuál era el acto reclamado y si existía una aplicación concreta del referido artículo o únicamente una expectativa de aplicación futura.
La controversia procesal se desarrolló alrededor de este tema hasta que la controversia alcanzó un nuevo nivel cuando se emitió una resolución mediante la cual se decretó el sobreseimiento total de la causa penal y la extinción de la acción penal respecto de los imputados. Dicha resolución fue impugnada mediante un recurso de revisión promovido por la asesoría jurídica de la víctima.
Según el escrito recursal, el órgano jurisdiccional habría omitido analizar de manera exhaustiva diversos argumentos formulados por la representación social y la propia asesoría jurídica de la víctima antes de emitir su determinación.
La apelación sostiene que existieron deficiencias en la fundamentación, motivación y exhaustividad de la resolución.
Tales afirmaciones forman parte de una controversia jurídica aún pendiente de revisión por parte de las instancias competentes.
LA CRISIS QUE EVIDENCIA EL CASO
Más allá de la resolución que tenga este proceso, el caso evidencia una crisis en la impartición de justicia que deja entrever posibles dudas sobre la autonomía judicial, la rendición de cuentas de los jueces y la efectividad de los mecanismos de protección a las víctimas.
Luego de la reciente reforma en materia judicial que fue promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, especialistas urgen a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de investigar delitos y administrar justicia.
Además, resaltan la necesidad de garantizar la transparencia judicial, lo que implica que las actuaciones de jueces, fiscales y demás operadores del sistema puedan ser conocidas, analizadas y discutidas públicamente.
Este litigio puede además marcar un precedente sobre los límites reales de responsabilidad institucional en casos de suma relevancia. (Agencia SIM)
