El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabiliza por la crisis de violencia que enfrenta el país y por la estrategia de seguridad conocida como “Abrazos, no balazos”.

La denuncia fue anunciada este domingo por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien afirmó que durante el sexenio de López Obrador México vivió una de las etapas más violentas de su historia y sostuvo que la política de seguridad implementada permitió el fortalecimiento de organizaciones criminales en diversas regiones del país.

De acuerdo con el dirigente panista, la denuncia busca que instancias internacionales investiguen posibles delitos de lesa humanidad derivados de la expansión de la violencia, los homicidios y las desapariciones registradas durante la administración federal anterior. El PAN argumentó que las instituciones mexicanas carecen de las condiciones necesarias para realizar una investigación independiente sobre estos hechos.

La acción forma parte de una estrategia jurídica y política que el partido opositor había anunciado desde mayo pasado, cuando informó que acudiría a la CPI para denunciar presuntos vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado, además de impulsar procedimientos contra funcionarios de Morena relacionados con investigaciones por narcotráfico.

Según el PAN, la política de “Abrazos, no balazos” contribuyó a que los cárteles consolidaran su presencia territorial y aumentaran su capacidad de operación, situación que, afirman, derivó en un deterioro de la seguridad pública. Los dirigentes panistas sostuvieron que la violencia registrada durante el sexenio no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de decisiones políticas tomadas desde el gobierno federal.

Hasta el momento, ni el expresidente López Obrador ni dirigentes de Morena habían emitido una respuesta oficial a la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional.

La CPI, con sede en La Haya, tiene competencia para investigar y juzgar delitos como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los Estados no pueden o no quieren realizar investigaciones efectivas sobre estos hechos. (Agencias)

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