Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante la decisión de la XVIII Legislatura de sustituir en su totalidad a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, diversas organizaciones civiles dedicadas a la transparencia y la rendición de cuentas manifestaron su preocupación y consideraron que esta medida reduce la certeza sobre la voluntad política de fortalecer el sistema anticorrupción en la entidad.
A través de un comunicado, organizaciones como Ciudadanos por la Transparencia, Ciudadanos por Municipios Transparentes, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Liga Lab Ideas que Unen, Vigilancia Ciudadana, Morelos Rinde Cuentas, Consejo Cívico de las Instituciones y Kintiltik, entre otras, señalaron que la decisión debería dar paso a una reflexión más profunda sobre el estado actual del combate a la corrupción en México y la necesidad de fortalecer de manera integral los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.
Las agrupaciones consideraron válido que, a casi una década de la creación de los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, se realice una evaluación de lo que ha funcionado, de lo que no ha dado resultados y de los cambios necesarios para construir mecanismos más eficaces, legítimos y cercanos a la ciudadanía.
Aunque reconocieron que, en muchos casos, los comités de participación ciudadana no han logrado consolidarse como puentes efectivos con la sociedad ni articular agendas anticorrupción sostenidas, señalaron que su desempeño ha estado condicionado por problemas estructurales como la captura política, la falta de rendición de cuentas, incentivos limitados, precariedad institucional y, en algunos casos, perfiles que han debilitado la confianza pública en estos espacios.
Sin embargo, advirtieron que cualquier discusión sobre la agenda anticorrupción debe reconocer los debilitamientos institucionales que han sufrido los organismos encargados de la transparencia y la fiscalización tanto a nivel federal como estatal.
Recordaron que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representó una pérdida significativa para el ecosistema de rendición de cuentas del país, al disminuir la autonomía de uno de los principales mecanismos de acceso a la información pública. Afirmaron que, si bien el instituto tenía áreas de oportunidad, su desaparición no resolvió los problemas existentes y generó nuevos desafíos.
Las organizaciones sostuvieron que debilitar los contrapesos ciudadanos que permiten vigilar el ejercicio del poder público termina por afectar la capacidad del Estado y de la sociedad para prevenir y combatir la corrupción.
Indicaron que Quintana Roo ha mostrado avances respecto a otras entidades del país, aunque no ha estado exento de problemas. No obstante, precisaron que reconocer estas deficiencias no implica descalificar la participación ciudadana ni los avances impulsados por el CPC, sino aceptar que el modelo requiere revisión, aprendizaje y rediseño.
Asimismo, advirtieron que responsabilizar exclusivamente al Comité de Participación Ciudadana de los resultados o fracasos del sistema constituye una salida simplista, ya que el combate a la corrupción no puede recaer únicamente en órganos ciudadanos que carecen de facultades, recursos y capacidades suficientes para investigar y sancionar conductas ilícitas.
Añadieron que las instituciones que integran el Comité Coordinador, y que sí cuentan con atribuciones legales, suelen trasladar a la ciudadanía responsabilidades que les corresponde asumir de oficio.
Las organizaciones enfatizaron que el Estado mexicano sigue siendo el principal responsable de combatir la corrupción y que las instituciones públicas tienen la obligación constitucional y ética de fortalecer sus capacidades de investigación, garantizar sanciones efectivas y establecer mecanismos de control que generen resultados concretos.
Entre los aspectos que consideraron necesario replantear se encuentra la falta de acciones de oficio para perseguir actos de corrupción, situación que ha generado una excesiva carga sobre la ciudadanía para presentar denuncias, pese a los riesgos que ello implica y a las escasas probabilidades de obtener soluciones efectivas.
Finalmente, hicieron un llamado a los diputados locales para abrir una discusión seria, técnica y plural sobre el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción y sus expresiones estatales. Señalaron que defender la participación ciudadana no significa respaldar sin cuestionamientos los mecanismos actuales, sino impulsar reformas que permitan reducir la corrupción y combatir la impunidad mediante la aplicación efectiva de sanciones.
“Hoy más que nunca, México necesita menos simulación institucional y más compromiso público con un combate a la corrupción efectivo, transparente y profundamente ciudadano”, concluyeron. (Noticaribe)
