PLAYA DEL CARMEN, MX.– El gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado, a través de la Secretaría Municipal de Protección Civil y la Tesorería Municipal, mantiene incumplida una sentencia de la justicia federal que ordena la devolución de más de 11 mil pesos cobrados por una multa que fue declarada ilegal.
La afectada, María Ernestina Munguía Arroyo, promovió un juicio de amparo luego de que autoridades municipales le impusieran una sanción económica derivada de la clausura de su establecimiento, pese a que posteriormente acreditó contar con toda la documentación requerida.
De acuerdo con el expediente 947/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, los hechos se originaron el 19 de agosto de 2025, cuando personal de Protección Civil realizó una inspección y otorgó un plazo de 15 días para subsanar diversas observaciones.
Posteriormente, el 8 de octubre de ese mismo año, en una nueva visita de verificación, la dependencia determinó que el negocio cumplía con todos los requisitos exigidos. Sin embargo, aun así impuso una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por un monto de 11 mil 314 pesos, bajo el argumento de un supuesto “incumplimiento en tiempo y forma”.
Durante el juicio de amparo, la quejosa sostuvo que la sanción carecía de sustento legal y que tuvo que cubrir el pago para evitar mayores afectaciones económicas y continuar operando su negocio.
Según consta en las actuaciones judiciales, las autoridades municipales inicialmente intentaron desconocer los hechos relacionados con la clausura; sin embargo, la ciudadana presentó el recibo oficial de pago de la multa, documento que acreditó la existencia de la sanción.
Al analizar el caso, el Juez Segundo de Distrito concluyó que la multa fue emitida sin la debida fundamentación y motivación jurídica, vulnerando el derecho de legalidad de la afectada. Asimismo, determinó que la ciudadana desconocía los motivos específicos de la sanción debido a que nunca le fueron precisados los supuestos legales aplicables ni se le notificó formalmente para que pudiera defenderse o presentar inconformidades.
Por ello, el 19 de mayo de 2026 el juzgador resolvió sobreseer el juicio respecto de la orden de clausura, pero concedió el amparo contra la multa, ordenando dejarla sin efectos y restituir a la quejosa en sus derechos.
No obstante, casi un mes después, el Juzgado Segundo de Distrito advirtió que las autoridades responsables no habían cumplido con la resolución. En un acuerdo publicado el 12 de junio, el juez señaló expresamente que “el fallo protector no ha quedado cumplido” y otorgó un plazo de tres días hábiles para que la Tesorería Municipal acreditara el cumplimiento de la sentencia.
La situación persiste. En un nuevo acuerdo judicial publicado este jueves, el órgano jurisdiccional informó a la parte quejosa que la sentencia continúa sin ejecutarse y requirió nuevamente a las autoridades municipales para que den cumplimiento a la resolución federal.
El caso exhibe un presunto desacato a una sentencia de amparo por parte de dependencias del Ayuntamiento de Playa del Carmen, que hasta ahora no han acreditado la devolución de los recursos cobrados mediante una sanción declarada ilegal por la justicia federal. (Noticaribe)
