ISLA MUJERES, MX.- Los padres de una menor de ocho años, Luis Eugenio Borges Valle y Christian Noely Kuyoc Medina, lanzaron un llamado de auxilio a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, así como a la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde y la presidenta Honoraria del DIF-Isla Mujeres, para que le devuelvan a su hija Melissa, pues consideran que fueron víctimas de una sustracción de menores.
De acuerdo con los afligidos padres, hace 15 días llegaron a su domicilio Amairani Sharay Cocom Vázquez, de la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia; así como el procurador Fernando de Jesús Gómez Barrientos, ambos del DIF, con el argumento que la menor sufría “golpes y maltratos”, por lo que sería trasladadas a las instalaciones del DIF Municipal para su valoración y respectivo resguardo.
Sin embargo, no presentaron ningún documento oficial que tuviese constancia de dicha acusación, por ello se opusieron; con alevosía, ventaja y prepotencia, estos funcionarios públicos entraron al humilde hogar para llevarse a la menor ante la negativa de sus padres y los gritos de desesperación de la niña.
Los funcionario llegaron a la casa del matrimonio Borges-Kuyoc acompañados de una patrulla y elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), donde amenazaron a los padres de Melissa para que se la entregaran; “nos vimos acorralados porque parece que tuviéramos cometiendo un delito; Amairani dijo ‘yo me llevo a la niña porque me la llevo’, fue una desesperación”, comenta Christian Noely Kuyoc Medina a punto de las lágrimas.
Los padres de la niña denuncian que en todo momento estos funcionarios del DIF de Quintana Roo se portaron prepotentes, lanzando las amenazas de la responsabilidad legal que enfrentarían en caso que no le entregaran a Melissa; que se la entregaran por ellos eran autoridad y “era orden de arriba”.
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— Noticaribe (@Noticaribe) June 24, 2026
Como no pudieron arrancarla de sus brazos, los funcionarios del DIF Estatal utilizaron mentiras, al decirle a los humildes padres que llevarían a la niña a una valoración a las instalaciones del Geavig y después regresaría con ellos; al no creerle, Luis Eugenio Borges Valle decidió a acompañarlos, “pero siempre nos siguió una patrulla”.
“Me subí al coche del Geavig y nos siguió una patrulla; ella (la niña) no quería entrar y me la arrebataron y escuché como pegaba de gritos. Salieron de la oficina y me dijeron que a la niña la trasladaron a otra oficina; me dijeron que me presentara ante la Fiscalía porque ahí me darían información. Me obligaron a retirarme con amenazas de detenerme”, narra el afligido padre de la menor.
La sospecha de sustracción de menores por parte de estos funcionarios del DIF, es porque los padres dicen que en la Fiscalía no existe ningún documento que avale las acusaciones de maltrato; por eso hacen una petición a la gobernadora Mara Lezama para que vea esta injusticia. Así como a la presidenta Atenea Gómez Ricalde y a la presidenta honoraria del DIF Municipal, Alicia Ricalde Magaña para les ayuden a recuperar a su niña, porque desde hace 15 días no saben nada de ella.
De acuerdo a la ley en la materia, si el funcionario actúa por cuenta propia, sin seguir el protocolo de emergencia, o sin una orden judicial, se considera una violación a los derechos familiares y humanos.
Los agravantes son mayores si existe uso de vehículos oficiales o intimidación: Para separar al menor de sus padres de forma arbitraria. Falsificación de documentos o retención injustificada: Cuando se prolonga el resguardo del menor en albergues sin permitir a los familiares acceder a un procedimiento legal transparente. Incumplimiento de las leyes locales: El Código Penal de cada estado de la República Mexicana sanciona el delito de sustracción de menores, castigando el acto con penas de prisión e inhabilitación del cargo público. (Agencia SIM)
