Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Comunidades mayas de Yucatán y Campeche celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Nación) de atraer tres asuntos que podrían sentar precedentes históricos en materia de derechos bioculturales, justicia ambiental y reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C. y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, el máximo tribunal resolvió asumir la competencia de los expedientes SEFA 223/2026, 224/2026 y 225/2026, al considerar que plantean cuestiones constitucionales novedosas relacionadas con la protección de los pueblos indígenas, los ecosistemas y el patrimonio biocultural de la península de Yucatán.
Uno de los casos corresponde a la defensa de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, donde comunidades mayas de Homún buscan que este sistema de cenotes y acuíferos sea reconocido como sujeto de derechos. Argumentan que el ecosistema enfrenta riesgos por la expansión de la industria porcícola y que dicho reconocimiento permitiría fortalecer su protección mediante un modelo de guardianía ejercido por las propias comunidades.
Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), en la reserva operan alrededor de 352 granjas porcícolas, cuya actividad representa un riesgo para la calidad del agua, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de esta zona considerada una de las principales reservas de agua dulce del país.
El segundo asunto está relacionado con la megagranja porcícola PAPO (Producción Alimentaria Porcícola), cuya operación fue suspendida desde 2018 tras un juicio promovido por niñas, niños y adolescentes de Homún. La Corte analizará si la autorización y funcionamiento de esta instalación dentro del Anillo de los Cenotes, reconocido como sitio Ramsar, vulnera derechos como el acceso al agua, a un medio ambiente sano, a la salud, a la identidad cultural, a la libre determinación del pueblo maya y al interés superior de la niñez.
El tercer expediente proviene de comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, que buscan que las abejas, en particular la abeja melipona, sean reconocidas como sujetos de derechos ante los daños ocasionados por el uso de plaguicidas como el fipronil y diversos neonicotinoides, señalados por provocar mortandades masivas de estos polinizadores.
Durante la discusión, ministros de la SCJN señalaron que el caso permitirá analizar la relación ancestral entre el pueblo maya y las abejas, así como la posibilidad de que las comunidades indígenas ejerzan la guardianía de la naturaleza y actúen legalmente en su representación. También destacaron que el asunto abre la puerta a una interpretación constitucional desde una perspectiva biocéntrica y no únicamente antropocéntrica.
Las organizaciones promoventes consideraron que la decisión representa una oportunidad histórica para que la Suprema Corte defina el alcance de los derechos de la naturaleza, fortalezca la protección de los pueblos indígenas y establezca obligaciones más amplias para prevenir daños ambientales irreversibles.
Asimismo, reconocieron el respaldo de la mayoría de las y los ministros que votaron a favor de atraer los tres asuntos y manifestaron su desacuerdo con la postura de la ministra Estela Ríos, quien votó en contra de su admisión.
Finalmente, las comunidades mayas reiteraron su confianza en que las futuras resoluciones privilegien la protección del agua, la biodiversidad, los territorios y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en un contexto de creciente presión ambiental sobre la península de Yucatán. (Noticaribe)
