CANCÚN, MX.- Cientos de propietarios de predios ubicados en la zona de expansión turística Cancún–Isla Blanca denunciaron que enfrentan restricciones administrativas que les impiden ejercer plenamente sus derechos de propiedad, luego de que la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) emitiera oficios en los que presume que dichos terrenos podrían ser “terrenos nacionales”.
Desde marzo de este año, la dependencia estatal notificó al Registro Público de la Propiedad, al Catastro Municipal y a los notarios públicos de Quintana Roo para que se abstengan de realizar movimientos relacionados con predios en la zona supuestamente por tratarse de terrenos nacionales.
De acuerdo con los afectados, la medida ha paralizado todo tipo de trámites y actos de dominio, pese a que aseguran contar con escrituras públicas debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad, antecedentes catastrales, una cadena de propiedad acreditada y haber cubierto durante décadas el pago del impuesto predial y otros derechos.
Los propietarios sostienen que ninguna autoridad puede desconocer derechos de propiedad privada mediante oficios administrativos y solicitaron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para aclarar la situación.
La controversia ocurre en una de las zonas con mayor proyección de crecimiento turístico de Quintana Roo. El corredor Costa Mujeres–Isla Blanca cuenta actualmente con 11 mil 667 habitaciones hoteleras y se prevé que alcance hasta 30 mil en los próximos años, impulsado por proyectos como la ampliación de la carretera Cancún–Isla Blanca y el desarrollo de nuevos proyectos turísticos en la zona.
Los terrenos involucrados corresponden a los predios denominados Santa Fátima y Francisco Javier, ubicados entre Costa Mujeres e Isla Blanca.
Los afectados señalaron que no se oponen al desarrollo turístico ni a la construcción de infraestructura en una zona que aún carece de servicios como agua potable, energía eléctrica, drenaje y pavimentación y aún así el valor catastral se ha incrementado año con año.
Sin embargo, demandaron que el crecimiento se realice con pleno respeto al Estado de derecho y a la certeza jurídica de quienes poseen legalmente inmuebles en el área.
Asimismo, recordaron que durante años han cumplido con el pago de impuestos y derechos, además de aportar recursos propios para el mantenimiento del camino de acceso a Isla Blanca, utilizado tanto por habitantes como por turistas. En ese sentido, afirmaron que cualquier controversia sobre la naturaleza jurídica de los terrenos debe resolverse mediante los procedimientos previstos en la legislación aplicable y no a través de oficios administrativos, especialmente cuando existen antecedentes registrales, documentación y resoluciones judiciales que, aseguran, respaldan la propiedad privada. (Especial)
