ISLA MUJERES, MX.- José Luis González Navarro, integrante de la organización Abogados y Asociados en Red, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el área de Derechos Humanos, para solicitar la destitución de la agente del Ministerio Público, Ana Gabriela Montes de Oca, adscrita a la Fiscalía de la Zona Continental de Isla Mujeres, por presuntos actos de corrupción, extorsión y violaciones al debido proceso.
Entrevistado este viernes, el abogado, quien representa legalmente al señor Rodrigo Alcocer León, aseguró que su cliente fue detenido y retenido durante 48 horas por un supuesto delito de privación ilegal de la libertad, el cual, recalcó, no se configuraba conforme al Código Penal, al tratarse de personas casadas.
“Ella lo tuvo detenido aquí al final de cuentas por un delito que nunca existió. Se le tuvo prisionero, se le tuvo retenido en separos por las 48 horas”, agregó.
Además, el litigante aseguró que, durante la captura de su defendido, agentes de la Policía de Investigación ingresaron al domicilio sin orden de cateo y efectuaron la detención, violando con ello sus derechos humanos.
Indicó que, después del arresto, el Ministerio Público le solicitó un pago de 40 mil pesos, para que su defendido obtuviera su liberación.
Ante esta situación, el abogado señaló que se vio obligado a interponer las denuncias mencionadas, con el fin de que las autoridades investiguen el actuar de esta agente y la destituya del cargo.
Finalmente, el litigante hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para garantizar el correcto actuar de los servidores públicos de la Fiscalía de la Zona Continental de Isla Mujeres, para lograr con ello un mejor sistema de justicia.
“Lo que queremos es que el fiscal, que es una persona correcta, que es una persona amable, que es una persona que vino a hacer muchos cambios, también que sepa que todavía existen elementos dañosos, dolosos, corruptos, que abusan de su autoridad, que toman este tipo de medidas para extorsionar a la ciudadanía. No podemos tener este tipo de servidores públicos dentro de la Fiscalía, porque al final de cuentas son los que deben cuidar nuestros derechos humanos”, concluyó. (Agencia SIM)
