CIUDAD DE MÉXICO.— México obtuvo un resultado favorable en la mayor parte del arbitraje internacional promovido por Vulcan Materials, empresa estadounidense que opera en el país a través de su filial Calizas Industriales del Carmen (Calica), por la clausura de sus operaciones de extracción de piedra caliza en Quintana Roo.
El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) desestimó prácticamente la totalidad de las reclamaciones planteadas por la compañía, que exigía una indemnización de alrededor de mil 700 millones de dólares por las medidas adoptadas por autoridades mexicanas entre 2018 y 2022.
De acuerdo con información difundida este martes, el tribunal únicamente consideró violatoria una medida relacionada con la clausura de uno de los predios de Calica, ocurrida en enero de 2018. Por este concepto, México tendría que pagar una indemnización cercana a los 17 millones de dólares, equivalente a aproximadamente uno por ciento del monto reclamado inicialmente por la empresa.
El fallo representa un revés para las pretensiones de Vulcan Materials, que sostenía que las decisiones adoptadas por autoridades federales y estatales afectaron sus inversiones y constituían una expropiación indirecta.
La controversia internacional se originó por las restricciones impuestas a las operaciones de Calica, filial de Vulcan, en la Riviera Maya, donde durante décadas se realizó la extracción de piedra caliza para su comercialización y traslado hacia Estados Unidos.
El Gobierno de México ha defendido que las medidas implementadas responden a la necesidad de proteger el medio ambiente y frenar la explotación de recursos naturales en una zona considerada de alto valor ecológico. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sostenido que no existe una expropiación ni confiscación de los activos de Vulcan, sino restricciones a las actividades extractivas derivadas de la declaratoria del Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto.
La resolución del tribunal arbitral se da en medio de las negociaciones entre el Gobierno de México y la empresa estadounidense para buscar una salida al conflicto. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que se busca alcanzar un acuerdo que permita cancelar de manera definitiva la extracción de piedra caliza en la zona y establecer un programa de remediación ambiental.
El caso ha generado una disputa política y diplomática entre México y Estados Unidos, debido a que legisladores estadounidenses han respaldado las reclamaciones de Vulcan y han presionado al Gobierno mexicano para resolver el conflicto.
Con el fallo del CIADI, México logra evitar la mayor parte de la millonaria indemnización solicitada por la empresa, aunque permanece vigente el reconocimiento de una violación relacionada con la clausura de un predio en 2018 y la obligación de cubrir la compensación determinada por el tribunal.
EL FUTURO DE CALICA
Si bien la resolución representa un alivio para las finanzas públicas mexicanas, al descartar la mayor parte de las reclamaciones presentadas por la compañía estadounidense, se mantiene abierta la controversia sobre el futuro de una de las zonas de mayor relevancia ambiental y estratégica de la Riviera Maya.
La disputa se remonta a las operaciones de extracción de piedra caliza realizadas durante décadas por Calica, filial de Vulcan Materials, en terrenos ubicados entre Playa del Carmen y Puerto Aventuras. La actividad minera modificó extensas superficies de selva y generó impactos sobre el suelo y los sistemas de agua subterránea de la región.
El Gobierno de México ha sostenido que las acciones emprendidas contra la empresa responden a la necesidad de proteger el medio ambiente y evitar que continúe la explotación de materiales pétreos en una zona de alto valor ecológico.
La administración federal ha planteado que el objetivo es transformar el área intervenida en un proyecto de conservación y restauración ambiental, con la posibilidad de integrar parte de los terrenos a un esquema de protección que permita recuperar los ecosistemas afectados por años de extracción minera.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que su gobierno busca alcanzar un acuerdo con Vulcan Materials que permita poner fin al conflicto, evitar nuevas actividades extractivas y avanzar en la recuperación ambiental del sitio.
Para Quintana Roo, el desenlace del litigio representa un asunto de especial relevancia debido a la ubicación de los terrenos en una región donde el crecimiento turístico y urbano mantiene una fuerte presión sobre los ecosistemas.
El caso Calica también ha colocado en el centro del debate la necesidad de revisar el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales en la Riviera Maya y establecer límites a actividades que puedan comprometer los acuíferos, la selva y otros ecosistemas estratégicos.
Aunque el fallo arbitral no resuelve de manera definitiva el destino de los terrenos, sí modifica el escenario de la disputa. México enfrenta ahora una obligación económica sustancialmente menor a la exigida originalmente por Vulcan, mientras permanece el desafío de encontrar una solución definitiva para el sitio y garantizar su restauración ambiental.
El conflicto entre México y Vulcan Materials ha trascendido el ámbito empresarial y jurídico para convertirse en una disputa de carácter ambiental, político y diplomático. Mientras la empresa ha defendido sus derechos sobre las inversiones realizadas en Quintana Roo, el Gobierno mexicano sostiene que la protección de los recursos naturales y la recuperación de la zona deben ser prioritarias.
El futuro de Calica dependerá ahora de las negociaciones que puedan establecerse entre ambas partes y de las decisiones que adopte el Gobierno de México sobre el destino de los terrenos. Para Quintana Roo, el desenlace podría representar una oportunidad para recuperar una extensa zona ambientalmente afectada y redefinir su uso bajo criterios de conservación y restauración ecológica. (Agencias)
