CHETUMAL, MX.- El Partido de la Revolución Democrática buscará que el aborto voluntario no sea penalizado en Quintana Roo, el diputado electo por vía plurinominal, Antonio Meckler Aguilera aseguró que la iniciativa estará respaldada por ocho mil firmas de mujeres.
Meckler Aguilera, señaló que el PRD no propone una ley de la muerte sino garantizar las condiciones salubres de las mujeres, pues actualmente se practican abortos de manera clandestina que exponen la seguridad de quienes deciden interrumpir el embarazo.
El perredista señaló que ya cuentan con la iniciativa perfectamente elaborada con números y estadísticas de abortos practicados a escondidas e incluso las muertes que se registran de las mujeres por el lugar en donde se realizó, sin embargo omitió comentarlos.
Señaló que buscarán que el Estado garantice las condiciones de los lugares donde se practicarían las intervenciones médicas, “de preferencia en hospitales públicos, y que en los hospitales privados sean regulados por el Estado”.
La reforma al código penal estará respaldada por al menos 8 mil firmas, “al final será una iniciativa ciudadana” comentó el entrevistado, quien agregó que ya cuentan con dos mil rúbricas que han logrado con las pláticas sostenidas en el interior del estado con mujeres y organizaciones sociales para explicar la razón de la iniciativa.
En octubre de 2010 el Congreso local aprobó modificar el Artículo 97 del Código Penal de Quintana Roo y se insertó en el procedimiento para hacer efectivo el aborto médico cuando sea producto de una violación y cuando se cumplan ciertos requisitos.
Los requisitos son: que exista denuncia por el delito de violación, que la mujer declare la existencia del embarazo y éste se compruebe en cualquier institución del sistema de salud pública, que obren elementos suficientes que acrediten que el embarazo es producto de una violación y que conste solicitud escrita o por comparecencia de la mujer embarazada.
Cabe mencionar que la actual Legislatura reformó en mayo de 2009 el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado, en el que reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley. (Fuente: El Periódico)
