Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Fernando Zelaya Espinosa, integrante de la Comisión de Justicia en el congreso del Estado, afirmó que la queja manifestada por el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, contra la Federación, por no ser tomado en cuenta para la designación de delegados en Quintana Roo, no tuvo nada que ver para determinar que la solicitud de juicio político interpuesta contra el ex presidente municipal de Cozumel Freddy Marrufo Martín porque reunía los requisitos para que sea el Pleno quien determine, a través de una Comisión Instructora, si procede.
El tiempo para que el pleno conozca y establezca la integración de la Comisión Instructora depende de la presidencia de la Gran Comisión, aclaró.
“Lo que nosotros realizamos fue un análisis técnico-jurídico, de procedibilidad, y encontramos que la solicitud de juicio político contra Freddy Marrufo sí era procedente para ser enviada al pleno”, afirmó.
Ayer se informó que el ex presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo, a quien se vincula con el ex Gobernador Félix González Canto, será el primer funcionario del sexenio anterior sometido a un proceso legal por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
La Comisión de Justicia del Congreso estatal determinó la procedencia del juicio político promovido contra Marrufo, quien el pasado 7 de marzo fue nombrado delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hecho que provocó el rechazo del gobernador Carlos Joaquín.
El presidente de la Comisión de Justicia en la XV Legislatura, Carlos Mario Villanueva Tenorio, del Partido Encuentro Social (PES), confirmó que la solicitud de juicio político contra el ex edil cumple con los requerimientos de ley y se determinó procedente.
La procedencia del juicio político, agregó, fue turnada al pleno del Congreso local para que se cree la comisión instructora que dará seguimiento al caso y desarrollará el proceso contra Marrufo.
En tanto, los integrantes de la Comisión de Justicia se encuentran bajo criterios encontrados en cuanto a la solicitud interpuesta por el consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) Sergio Avilez Demenegui contra los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo para determinar si la Constitución les otorga la competencia para conocer y revisar el caso.
Zelaya Espinosa dijo que, en este caso, se revisó el expediente y se determinó someterlo a un análisis profundo para poder fundar y motivar cualquier decisión que tomen los integrantes de la Comisión de Justicia y determinar si tienen la competencia para proceder con la solicitud de juicio político.
Aunque el presidente de la Gran Comisión de diputados, Eduardo Martinez Arcila, consideró que este tema contra los magistrados del Teqroo se busca politizar por los representantes de las fracciones parlamentarias del PRI y el PVEM.
“Todo está claro, no caeremos en querellas políticas ni tampoco en ajusticiamientos políticos y las leyes establecen qué servidores públicos son sujetos a demandas de juicio político y cuál es la competencia del Congreso del Estado”, afirmó
Señaló que darán los pasos apegados a la legalidad y será un procedimiento interno que determine si hay responsabilidad, si son sujetos a sanción o no “pero la legalidad de conocer la solicitud de juicio politico esta clara”.
Reiteró que hay asuntos como este donde hay diferencia de criterios que a lo mejor no lo conocen o el manejo político que le quieran dar, pero es un asunto que, incluso, envió el Senado de la República para conocimiento de la Décimo Quinta Legislatura.
En cuanto al caso de Marrufo Martín, el presidente de la Gran Comisión explicó que corresponderá a la Comisión Instructora presentar su dictamen al Pleno del Poder Legislativo sobre la procedencia de esta solicitud de juicio político.
Se le dará derecho de audiencia para escuchar y conocer a fondo el asunto , señaló.
Sobre los plazos establecidos, dijo que la Ley señala un año desde el momento de la terminación del encargo público para interponer alguna denuncia y un año mas para que se pueda concluir. (Noticaribe con información de Proceso)
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