CHETUMAL, MX.- La destituida consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Graciela Saldaña Fraire, demandó al Congreso del Estado ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Tal acto, motivado porque la encargada de la Oficialía de Partes, María Elena “N”, se negó a recibir su recurso de inconformidad encaminado a combatir las presuntas irregularidades que llevaron a la Diputación Permanente a realizar un remoción parcial del Consejo General del Ieqroo.
Debe mencionarse que desde las 21:30 horas, Saldaña Fraire y el abogado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Rojas Rangel, se presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado a interponer un Juicio de Protección a los Derechos Políticos del Ciudadano y uno de Revisión Constitucional, respectivamente, a fin de combatir las determinaciones que llevaron a dicha remoción.
Empero la encargada de Oficialía de Partes se negó a hacerlo por más de una hora y siendo aproximadamente las 22:45 se retiró corriendo sin hacer caso a las peticiones de los promoventes, no obstante a que en el estado se vive un proceso electoral que obliga a todas las instancias a laborar las 24 horas del día.
Tal actitud fue dada a conocer a los integrantes de la Diputación Permanente, quienes no pudieron hacer nada toda vez que la abogada de Oficialía de Partes del Congreso del Estado apagó su celular.
En consecuencia la consejera, consternada y con evidente impotencia, manifestó que si su remoción fue con base a elementos subjetivos, pues a su juicio nunca se supo el criterio de evaluación a cada uno, la negativa a recibir su recurso para combatir las presuntas irregularidades, evidenciaban claramente una muestra de misoginia y dolo para sustituirle, toda vez que su conducta en el Consejo General fue con apego al beneficio de la ciudadanía.
Pese a su intento por conseguir los servicios de un notario esto fue imposible, así que ante las presuntas violaciones a la Constitución y sus derechos políticos, acudió a la PGR a interponer une denuncia por hechos constitutivos de delito en contra del órgano legislativo. (Fuente. diario Quequi)
