CHETUMAL, MX.- La Diputación Permanente de la XII Legislatura tomó colegiadamente la decisión de ratificar o no los consejeros y magistrados tras revisar la información que cada uno proporciono sobre las actividades que realizaron tanto en el Instituto Electoral como en el Tribunal Electoral, así como a la valoración relacionada con su imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones, se informó este miércoles mediante un comunicado de prensa.
CHETUMAL, MX.- A diferencia de su homónima en el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Graciela Saldaña Freire, la consejera Gabriela Lima Laurents, descartó definitivamente interponer algún juicio de revisión o protección por no haber sido ratificada en su cargo al interior del órgano.
Lima Laurents, consideró que su trabajo en el órgano electoral terminó porque la propia ley lo establece por seis años, de manera determinante con una facultad del Congreso muy clara en donde señala “la duración de su periodo es de seis años y podrán ser ratificados.
“Teníamos un encargo por Ley que nos señalaba por seis años de manera determinante con una facultad del Congreso muy clara y muy precisa, la Ley dice que la duración de su cargo será de seis años y podrán ser ratificados, no dice podrán”, explicó.
Añadió que cuando dicen “podrán” se habla de una facultad potestativa, además de que tampoco se obliga, “así como está ahorita y así es como debemos asumirlo aunque se siga un procedimiento específico o una determinada forma”, expuso.
Consideró que el congreso tiene que cumplir con su responsabilidad y que la tendencia a nivel nacional es hacer los cambios de manera escalonada.
“No he pensado en ningún momento hacer algún procedimiento, yo ya concluí, concluyeron mis seis años, de un trabajo muy satisfactorio y es el momento de trabajar en la construcción de la democracia desde cualquier trinchera”, indicó.
Finalmente que trabajar en el Ieqroo, no es la única manera de trabajar con la democracia, pues no dejó de lado que tiene aún una carrera como abogada que la respalda para seguir trabajando en el ámbito electoral. (Fuente: El Quintanarroense)
Según el boletín, la Diputación Permanente previamente invitó a todos los diputados de las diversas fracciones parlamentarias a participar en el análisis y discusión a fin de que todas las posiciones fueran consideradas a la hora de la toma de las decisiones, es decir se trató de que todas las fuerzas políticas aportaran elementos suficientes para ratificar o no a los funcionarios electorales de ambos organismos.
El procedimiento que siguió la Diputación Permanente está perfectamente establecido en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, el cual establece en su Artículo 76 fracción XII las atribuciones de dicha comisión.
En ese sentido, la legislación vigente indica que el procedimiento seguido se dio con estricto apego a derecho y es absolutamente falso que era necesario emitir convocatorias públicas para llevar a cabo la ratificación o no de los funcionarios en comento.
Tras el dictamen acordado en la Diputación Permanente se emitió una convocatoria a los coordinadores de las fracciones parlamentarias para que propusieran dos candidatos para cada una de las vacantes para ambos organismos electorales, tal y como lo establece la ley, los cuales cuentan con un plazo máximo de 10 días para hacer las propuestas que consideren pertinentes.
En consecuencia y dado que se siguió al pie de la letra lo establecido en la constitución a ninguno de los funcionarios no ratificados, por consenso de los integrantes de la Permanente, se le vulneraron sus derechos políticos y si por el contrario se realizó un riguroso escrutinio de las actividades que realizaron en los seis años que dura su encargo, atendiendo como se ha dicho aquí a su imparcialidad y objetividad.
La revisión se dio de manera exhaustiva y caso por caso, las votaciones de los diputados integrantes de la Permanente se dieron tanto por unanimidad como por mayoría tanto para la ratificación o para la no ratificación.
En el caso de la consejera Graciela Saldaña Fraire la Permanente le reconoce en todo momento su derecho a inconformarse en las instancias que estime pertinente pero no considera válido que trate de cuestionar mediáticamente un procedimiento apegado a la ley.
Ella argumenta que la Oficialía de Partes no le recibió su inconformidad y eso es absolutamente falso.
Ella acudió al Congreso del Estado y concretamente a la Oficialía de Partes acompañada del abogado del Partido de la Revolución Democrática, el cual también fue a interponer una queja sobre el procedimiento y permaneció ahí sin expresar en ningún momento su intención de entregar un escrito similar.
Posteriormente se retiro de la ventanilla, en tanto la persona a cargo de la Oficialía, dado que ya había rebasado su horario de labores, cerró la oficina y cuando se dirigían a la salida del edificio del Congreso fueron interceptados por la consejera, la cual le indicó que quería esperara mas tiempo para que ella entregara su documentación, a lo que amablemente le respondió que podría acudir al día siguiente a entregar su documentación.
Al siguiente día la consejera Saldaña Fraire entregó su documentación, la cual le fue recibida sin inconveniente alguno y será analizada por la XII Legislatura en tiempo y forma, conforme lo establece la normatividad vigente.
(Fuente: Congreso de Quintana Roo)
