PLAYA DEL CARMEN, MX.- Aunque múltiples actores de Quintana Roo han denunciado que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) actúa por consigna en el caso del Parque Nacional Tulum (PNT), la realidad es muy distinta, pues en cuatro años, esta dependencia federal ha abierto por lo menos 255 procedimientos en Áreas Naturales Protegidas de todo el país por construcciones irregulares.
El combatir jurídicamente una clausura parcial temporal, cuando ésta originalmente era total temporal, apelar en materia de impacto ambiental y no forestal, y no acreditar la existencia de permisos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, fueron causas y errores que propiciaron la reciente resolución de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que ordena el cierre total y definitivo del hotel Diamante K, ubicado dentro del Parque Nacional Tulum.
Lo anterior, resume la respuesta que el subprocurador en Recursos Naturales de la Profepa, Ramiro Rubio, dio a las declaraciones hechas por el propietario del Diamante K, Roberto Palazuelos, quien dijo a El Periódico, el viernes pasado, que la clausura aplicada por la dependencia viola un amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cancún, así como la orden de ese mismo juez para retirar los sellos de clausura colocados al hotel en julio del 2008.
“El señor Palazuelos interpuso una demanda de amparo en contra de los actos reclamados que hizo consistir en clausura parcial-temporal (no total) y una clausura total y definitiva (no temporal), así como los efectos y consecuencias de ésta última”, manifestó el funcionario en una tarjeta informativa enviada a este medio, en la que explica que lo anterior significa que la defensa hecha por el particular, fue incorrecta.
En julio pasado, la dependencia detectó violaciones en materia de impacto ambiental, zona federal y forestal, por parte de la empresa “Grupo Saint Germain”, operadora del hotel Diamante K, propiedad de Palazuelos Badeaux.
Derivado de las inspecciones hechas, se impusieron dos clausuras temporales-totales, una por Impacto Ambiental y otra en materia Forestal, ya que en el rubro de Zona Federal la ley no concibe la figura de la clausura como medida de seguridad.
Los hechos quedaron asentados en el expediente administrativo PFPA/SRN/DGIAZF/54/IA-003/08, que se refiere a Impacto Ambiental.
El actor interpuso el amparo en contra de los actos antes citados. Sin embargo, pese a que dichos actos fueron negados por inexistentes, al haber reclamado una clausura Parcial y otra Total, pero definitiva, mismos que son distintos de la Clausura Temporal Total, “indebidamente el Juez Segundo de Distrito le concedió la suspensión (primero provisional y ahora definitiva que está subjudice, pues fue combatida) contra la clausura temporal total impuesta en materia de impacto ambiental, únicamente”.
Rubio Ortiz manifiesta que esto significa que Palazuelos jamás interpuso juicio o recurso alguno en contra de la clausura en materia forestal.
El funcionario se refirió también al tema del retiro de sellos, al narrar que durante el período vacacional de diciembre pasado, “con la intención de aprovecharse de que por virtud de los días de descanso, nadie se daría cuenta, el señor Palazuelos promovió ante el Juzgado Segundo una solicitud que, en resumen, decía que como el Director General de Inspección y Vigilancia Forestal había sido omiso en acatar la suspensión, se ordenara que algún funcionario del juzgado llevara a cabo el levantamiento de los sellos. El Secretario del Juzgado, en ausencia del Juez, ilegalmente concedió la absurda petición”.
El término de ilegal –aclaró- es porque el juez violentó el procedimiento marcado por la ley.
De este modo el funcionario sostiene que la Profepa ha actuado apegada a Derecho, al respetar las garantías de defensa de Palazuelos, a quien se le concedió el plazo de ley para ofrecer pruebas y alegatos, sin que combatiera la clausura impuesta.
Al respecto, el actor sostiene que la resolución tomada por la dependencia, no sólo rompe la tregua hecha con el procurador, Patricio Patrón Laviada, sino que es violatoria de recursos legales que –dice- le asisten, por lo que informó el fin de semana pasado, que mañana interpondrá denuncias penales en contra de los funcionarios de Profepa. (Fuente: El Periódico)
Luego de las clausuras impuestas a 13 hoteles en el Parque Nacional Tulum en julio del año pasado, han sido múltiples las voces que señalan un desempeño parcial de la Procuraduría, a cuyo titular, Patricio Patrón Laviada, se le acusa de actuar revanchismo político.
Personajes como el empresario-actor, Roberto Palazuelos; el representante de los hoteleros de Tulum, Jorge Portilla Manica; el presidente de la Asociación de Propietarios e Inversionistas de la Riviera Maya (Apirqroo), Antonio Cervera; e incluso políticos priistas como el diputado Eduardo Espinosa y la diputada con licencia Sara Latife Ruiz, actual secretaria de Turismo del estado, han declarado en múltiples ocasiones que la Profepa se ha extralimitado en sus funciones en la clausura de los 13 hoteles ubicados dentro del polígono del Parque Nacional Tulum, sin embargo, lo cierto es que este Parque Nacional, actualmente en controversia jurídica, no tiene la exclusividad en lo que a procedimientos se refiere.
De acuerdo a información obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Dirección General Adjunta de Estadística e Informática de la Profepa, del 2004 al 2008, tiene registrados 262 procedimientos abiertos en áreas naturales protegidas (ANP) por la realización de construcciones de manera irregular.
Sólo en algunos casos se señala el monto de las multas aplicadas, debido a que, según el documento entregado, existen procedimientos aún en curso por haber sido impugnados.
El área natural protegida que enfrenta un mayor número de procedimientos es la Laguna de Términos, que suma 37, de éstos, sólo 12 registran multas. Ubicada en el vecino estado de Campeche, con una extensión de 705,016 hectáreas, es una de la ANP más grandes de México, además de que desde el 2004 fue declarada sitio Ramsar debido a su biodiversidad que la hace única en el planeta.
La actuación de la Profepa se debió a la construcción de cuartos, bardas, y diversas estructuras sin la correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), o debido a que se extralimitaron en la autorización ambiental otorgada.
Atrás de Laguna de Términos, el área natural protegida que mayor número de procedimientos acumula es Islas Marías, con 25; en este caso, prácticamente la totalidad de las violaciones ambientales fueron sancionadas con multa, al imponerse 23.
Las Islas Marías es un archipiélago de cuatro islas localizadas en el Océano Pacífico a 112 km de las costas del estado mexicano de Nayarit.
La tercera área natural protegida que más procedimientos administrativos enfrentó es Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, esta biósfera comprende los municipios La Paz y Los Cabos, y su principal característica es que se trata del único bosque de pino-encino de Baja California Sur y la única selva subcaliforniana de toda la península. De los diez procesos abiertos por la Profepa, sólo 5 merecieron multas.
Otras varias áreas naturales protegidas del país en las que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente ha tenido que actuar son el Cañón del Sumidero, en Chiapas; Los Tuxtlas, en Veracruz; los Pantanos de Centla, en Tabasco; Río Celestun, en Yucatán; El Chico, en Hidalgo; y el Tepozteco, en Morelos; entre otras.
En el Parque Nacional Tulum fue en julio del 2008 cuando la Profepa inició procedimientos contra 13 hoteles ubicados dentro de la poligonal de protección, y hasta la fecha, dos hoteles han accedido a derrumbar las construcciones realizadas sin la correspondiente manifestación de impacto ambiental, en tanto que la semana pasada cuatro centros de hospedaje recibieron clausuras definitivas.
De acuerdo a los registros de la propia Profepa, el caso de Tulum no tiene precedentes, ni en cuanto al número de construcciones ilegales ni en cuanto a la acción de la Procuraduría, que en los últimos meses se ha visto especialmente severa.
Pero no sólo Tulum ha padecido las medidas que la dependencia ha adoptado en contra de quienes violan las disposiciones ambientales, pues, al listado proporcionado por la Procuraduría, ahora también se suma la multa de un millón 600 mil pesos aplicada al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) por no contar con la manifestación de impacto ambiental en uno de sus proyectos en construcción, en Huatulco, Oaxaca.
La sanción obedeció a que el Fonatur afectó alrededor de ocho kilómetros de zona arbolada, incluyendo una porción del Parque Nacional de Huatulco, durante la construcción del Camino Escénico.
Este último caso es quizá el más parecido al de Tulum , y en el que también inversionistas y prestadores de servicios se han manifestado en contra de la Procuraduría y han acusado a la dependencia de lo mismo que en Quintana Roo, de “terrorismo ambiental”. No han faltado tampoco políticos, incluso del propio Partido Acción Nacional, como Guillermo Zavaleta, que ha dicho que “la Profepa debe ver que Huatulco requiere de impulso, de empleos, crear una política compatible con la inversión, porque en Huatulco no pueden invitar a invertir y luego restringir la inversión”. (Noticaribe)
