CHETUMAL, MX.- Daniel Montiel Mora, ex director general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y actual consejero jurídico del gobernador del Estado, enfrenta una denuncia penal por daños y perjuicios ocasionados a la empresa Desarrollos del Corredor Turístico S.A. de C.V., a la que obstruyó e impidió la inscripción del testimonio de una escritura pública 4365 de 11 de octubre de 1996, para favorecer un fraude y un despojo de los hermanos Luis y Arturo Contreras Castillo con el predio que ocupa el hotel Coco Beach de Playa del Carmen.
El caso de Montiel Mora está siendo ventilado por el Juez Segundo de lo Penal, Daniel Farah Godoy, quien está a punto de librar la orden de aprehensión solicitada en su contra por la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte de la entidad.
Montiel Mora favoreció con su irregular actuación al frente del Registro Público de la Propiedad y del Comercio un despojo realizado por los hermanos Contreras Castillo con el predio de playa Coco Beach, el cual habían vendido a un grupo de accionistas argentinos, a los cuales desalojaron por la fuerza para, posteriormente, vender de nuevo el predio a los socios del Hotel The Reef Coco Beach, a quienes también despojaron y lanzaron por la fuerza del predio en 2005.
El socio y apoderado legal de la compañía Desarrollos del Corredor Turístico S.A. de C.V., que fue la primera compradora del predio Coco Beach, Claudio Alberto Navarese Monroy, dijo a este medio informativo que adquirieron el predio costero ubicado en Playa del Carmen en 1996.
“Nosotros compramos un lote en Playa del Carmen con una superficie de dos mil 500 metros cuadrados a la señora Martha Barrera Bustillos (también conocida como Martha Eugenia Barrera Bustillos), esposa de Arturo Contreras Castillo”.
“A ese predio le pusimos como nombre Coco Beach, en donde construimos un restaurante y todo fue un éxito”.
Relató que en ese año (1996), hicieron la escritura con un notario de Cancún amigo de Arturo Contreras Castillo, por la cantidad de 95 mil pesos, aunque terminaron dándole al vendedor la cantidad de 200 mil dólares de esa época en cuotas.
Detalló que fueron dos contratos, uno por 90 mil y otro por 220 mil dólares, pero después de que los Contreras Castillo los despojaron y robaron todo, los demandaron por la vía civil para anular los contratos, pero perdieron y no lograron su propósito, por lo que las escrituras de la compraventa quedaron firmes.
Navarese indicó que el problema surgió en el año 1998, cuando él viajó a Argentina, lo que aprovechó Arturo Contreras para sacar a su familia del predio Coco Beach con guardias blancas.
“Todavía no vencía el contrato, nos demandaron, cierran el lugar y nosotros hicimos la denuncia penal en contra de ellos, pero nos tocó un abogado que se vendió”.
“A finales del año 1998, pidieron la rescisión del contrato, hasta que en el 2000 resuelven que sigue vigente, por lo que los demandamos, pero en aquel entonces, los demás socios de la empresa regresaron a Argentina”.
Relató que en 2002, encontró la posibilidad de meter la escritura ante notario, pero éste nunca la escribió, por lo que él mismo fue a hacer el trámite para la inscripción de la escritura del predio ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Sin embargo, en el momento en que él buscaba realizar la inscripción pública de su escritura, Arturo Contreras Castillo ya buscaba vender por segunda ocasión el predio de Coco Beach, ahora los inversionistas de la Inmobiliaria Coco Beach, representados por Jorge Carlos Montalvo Ferráez.
Por eso, cuando Navarese se presentó ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuyo director era entonces Daniel Montiel Mora, se encontró con que había inscrito el primer aviso preventivo del Notario Público 30, Luis Miguel Cámara Patrón, el 12 de abril del 2002, de que el predio iba a ser vendido a la Inmobiliaria Coco Beach.
Ante esta situación, Navarese esperó que venciera la vigencia de un mes que tiene el aviso preventivo, lo cual ocurrió el 12 de mayo, sin que la segunda venta del predio Coco Beach se hubiera concretado.
Entonces, acudió de nuevo al Registro Público para presentar la solicitud de inscripción de su escritura 4365, el 13 de mayo del año 2002, cuando ya no existía ningún acto vigente sobre el predio, pues los avisos preventivos, por disposición de lo establecido en el artículo 3177 del Código Civil, tiene una vigencia de 30 días.
Sin embargo, Montiel Mora no inscribió esa escritura, como debió proceder, sino que recibió el 16 de mayo un segundo aviso del Notario Público 30, Luis Miguel Cámara Patrón, para la segunda venta del predio Coco Beach a los inversionistas representados por Jorge Carlos Montalvo Ferráez, y ésta sí fue inscrita por Montiel Mora.
Agregó que el 6 de junio del año 2002, el director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio inscribió la escritura 10577, de 9 de mayo del 2002, pasada ante la fe del Notario Público 30, Luis Miguel Cámara Patrón, del contrato de compraventa mediante el cual la señora Martha Barrera Bustillos transmitió la propiedad de “El inmueble” a favor de Inmobiliaria Coco Beach S.A. de C.V., no obstante que no hubo continuidad en los avisos del notario público 30.
Al ver que inscriben el segundo aviso para la venta a la Inmobiliaria Coco Beach y no inscriben la escritura de la venta original del predio a Desarrollos del Corredor Turístico, interpuso una queja el 31 de mayo de 2002, reclamándole a Montiel Mora la inscripción.
Este, mediante el oficio 2198, del 10 de julio de 2002, le informa que no podía inscribir su escritura, porque el notario que la hizo le pidió, mediante oficio privado de fecha 11 de junio de 2002, que le devolviera la escritura sin inscribir, debido a que había sido sustraída de su oficina.
Sin embargo, en este oficio quedó claro que existió una colusión y maquinación para impedir la inscripción de su escritura, puesto que él solicitó el trámite el 13 de mayo y el oficio del notario es del 11 de junio, de modo que es evidente que hubo una comunicación entre ellos por otros medios para acordar que la escritura no fuera inscrita y luego inventaron un pretexto, el de la sustracción del escrito, puesto que el documento fue presentado por la parte compradora.
Ante estos hechos, el 19 de julio de 2002 Navarese presentó una queja ante la Secretaría de Gobierno, de la cual dependía entonces el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que ahora está sectorizado a la Secretaría de Hacienda.
Tras las investigaciones, el 15 de septiembre de 2003, la Secretaría de Gobierno informó a Navarese que ha procedido la queja, con la cual la propia autoridad dio fe de las irregularidades cometidas por Montiel Mora.
Con ese expediente concluido, Navarese presentó la demanda penal en contra de Montiel Mora el 14 de septiembre de 2004, que quedó asentada en la averiguación previa ZN/CAN/010/5046-2004.
La PGJE y los Juzgados le dieron largas al asunto, dada la posición de Daniel Montiel Mora en el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz y, posteriormente, en el de Félix González Canto, pero la insistencia de Navarese llevó a que no pudiera evadirse el tomarse una determinación sobre el caso.
Así, fue hasta el mes de noviembre del 2007 cuando la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de la Zona Norte, eleva al Juzgado Segundo Penal de Cancún el expediente con el número de causa penal 412/07, pero en diciembre de 2007, el juez se excusa en la causa y la envía a Chetumal, por entender que el delito se cometió en la capital del estado, por lo que el asunto recayó en Juzgado Segundo Penal de esta ciudad, bajo el número 396/07.
Ahora, tras tantas dilaciones de la justicia, ya no hay manera de hacer pasar el tiempo y es inminente que el Juzgado Segundo Penal de Chetumal extenderá la orden de aprehensión en contra de Daniel Montiel Mora, quien ahora es el consejero jurídico del gobernador del Estado, pero a quien la colusión con los hermanos Contreras Castillo en torno a sus manejos fraudulentos con el predio Coco Beach lo han puesto en la antesala de la cárcel. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
