PLAYA DEL CARMEN, MX.- Después de múltiples retrasos, todo estaría listo para que el mes de mayo se lance la licitación del aeropuerto de la Riviera Maya, pero ahora con la novedad que el gobierno federal no pagará al gobierno del estado alrededor de 20 millones de dólares por los terrenos donde se ubicará esa terminal aérea porque, tras la salida del polémico secretario Luis Téllez de Comunicaciones y Transportes, se descubrió que el 85 por ciento de la tierra que se necesita en realidad está bajo el control del propio gobierno federal.
Al menos eso es lo que este lunes publica en su columna Tiempo de Negocios, Darío Celis, quien en los últimos meses le ha dado seguimiento puntual a los problemas que han provocado un atraso de alrededor de 800 días en el lanzamiento de la licitación y que hoy se pregunta si todo ello no es parte de la negligencia y corrupción de funcionarios federales en colusión con las autoridades locales.
A continuación nos permitimos reproducir íntegramente la parte de la columna que habla sobre este tema por considerarlo de interés para el estado:
¿Negligencia o corrupción?, ¿qué es lo que hubo detrás de los terrenos que componen el polígono de lo que será el nuevo aeropuerto de la Riviera Maya y que detuvo el lanzamiento de las bases de licitación por más de dos años?
Resulta que Luis Téllez, como secretario de Comunicaciones y Transportes, se la pasó dos años y tres meses en una lucha de fuerzas con el gobierno de Quintana Roo para convencerlos de que les escrituraran las tierras.
Pero nada más se fue Téllez y con la novedad de que el gobierno de Felipe Calderón “descubrió” que de las mil 183 hectáreas que se requieren para construir la terminal, mil 87 ¡eran de la Federación!
Es decir, el entonces subsecretario de Transporte, Manuel Rodríguez Arregui, y sus emisarios, primero Ernesto Velasco y después Gilberto López Meyer como directores de ASA, perdieron impunemente más de 800 días.
A mediados de febrero los pupilos de Juan Molinar Horcasitas cayeron en cuenta de que el gobernador Félix González Canto se los iba a bailar con al menos 20 millones de dólares, que era lo que Téllez aceptó pagarle.
Esa era la cantidad que en un principio la Federación liquidaría al priista, pero que todavía en enero se acordó que pagara el grupo ganador de la licitación. En cualquier caso González Canto ganaba, amén de una que otra concesión.
El caso es que bastó con ir a la Reforma Agraria para constatar que las mil 87 hectáreas son federales y que únicamente existía una solicitud del gobierno de Quintana Roo para que se las adjudicaran, lo que nunca se dio en los hechos.
El punto ahora es que González Canto a lo único que puede aspirar es a comprarle a ejidatarios unas 96 hectáreas que significan 15% de la superficie integrada al polígono original del aeropuerto.
Por lo que se sabe, ya tiene en la bolsa dos títulos de propiedad, pero un tercer ejido se niega a vender, por lo que no sería extraño modificar el trazo original de los accesos de ese aeropuerto.
En ese contexto ya está prácticamente todo listo para que las bases de licitación sean publicadas el mes entrante. Banobras, que aún lleva Alonso García Tamés, será el banco agente y encargado del proceso.
También ya están definidos los criterios de competencia y selección. El ganador será quien ofrezca la mejor Tarifa Única Aeroportuaria compuesta que se obtenga de toda la canasta de servicios.
Al final se desechó la fórmula de la menor tarifa que empujaba el equipo de Téllez. Lo anterior abre la puerta a Asur, de Fernando Chico Pardo, para que compita con los demás interesados.
En mucho influyó la asesoría de Avia, una filial de General Electric, contratada por la SCT en agosto para apoyarlos en la elaboración del plan quinquenal de los aeropuertos de Asur, incluido el de Cancún.
La primera fase de la terminal de la Riviera Maya implicará una inversión de unos 300 millones de dólares. (Fuente: Darío Celis/Excélsior)
