CANCUN, MX.- Ejidatarios de Manuel Antonio Ay, cerca de Tulum y Cobá, a ocho kilómetros de donde se construirá el aeropuerto de la Riviera Maya, denunciaron que quieren ser despojados de ocho mil hectáreas, por los empresarios Rodrigo Cortéz Mena y Jorge Cuevas López, quien logró la firma amañada de un contrato de prestación de servicios, que obtuvo con engaños, sin una convocatoria de asamblea, ni las condiciones legales ni protocolarias, de la que no tenía anuencia el comisariado ejidal, Eleuterio Caamal Chí, para estampar su rúbrica.
Ejidatarios y posesionarios del ejido Manuel Antonio Hay, ubicado en el municipio de Tulum, piden la intervención del Gobierno del estado para que se realice el parcelamiento de sus tierras y evitar el despojo de 800 hectáreas del que son objeto por parte del comisariado, Eleuterio Caamal y de la empresa Servicios Agrarios Técnicos y Topográficos.
En conferencia de prensa, a la que asistieron cerca de 50 ejidatarios, Alberto González Pacheco, ejidatario del lugar pidió la intervención de los tres órdenes de gobierno para que no se les despoje de las tierras por la empresa, propiedad de Rodrigo Cortes Mena, quien, dijo, es asesorado por Jorge Cuevas López. Este último fungió como director de Asuntos Agrarios del gobierno del estado de Yucatán, en la época de Patricio Patrón Laviada.
El ejidatario aseguró que esos personajes se han encargado de despojar de sus tierras a ejidatarios del vecino estado de Yucatán, por lo que ahora pretenden hacer lo mismo en los predios que se ubican entre las ruinas arqueológicas de Cobá y Tulum, cerca de donde se construirá el Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya, lo cual dará gran plusvalía a las tierras.
Por el momento, informó, ya acudieron a la Procuraduría Agraria, y autoridades correspondientes, ante quienes presentaron una impugnación por un documento que les hizo firmar, de manera dolosa, el comisariado, dado que, insistió, los ejidatarios fueron engañados y ahora se les pretende despojar de sus tierras.
“Nosotros nos encontramos en un proceso de impugnación para hacer valer nuestros derechos y evitar el despojo de nuestras tierras”. En el ejido Manuel Antonio Hay, dijo, “somos 50 ejidatarios y aproximadamente 100 posesionarios que adquirieron tierras de los ejidatarios en los últimos 6 años”, explicó.
Calculó que, por lo bien ubicado de lugar, el metro cuadrado tiene un valor aproximado de 50 dólares, el cual seguramente en los próximos meses subirá de valor, dijo.
El ejidatario aseguró que son 800 hectáreas la que están en juego y de las cuales se pretende despojara a los habitantes de ese lugar, por lo que pidió la intervención de las autoridades estatales, a fin que hagan el “parcelamiento de las tierras para que no se despoje de su patrimonio a todos los ejidatarios, y que se ofrezca certeza jurídico sobre la posesión de la tierra y de la libertad al ejidatario a tomar su decisión respecto a que hacer con sus tierras”, concluyó. (Fuente: El Periódico)
Así lo dijo en conferencia, Alberto Refugio González Pacheco, quien agregó que el día que se firmó ese contrato, de las tierras mejor ubicadas del Estado, por la cercanía al aeropuerto de la Riviera Maya, a 26 kilómetros de Tulum, no había luz, se efectuó con la luz de automóviles y teléfonos celulares, por lo que este movimiento amañando, ahora lo defiende el comisariado ejidal como un proceso legal, para entregarle el control del ejido a los antes mencionados.
Dijo que saben que los antecedentes, completamente documentados, de estas personas lidereadas por Rodrigo Cortez Mena y Jorge Cuevas López, se han dedicado durante años a despojar a los ejidatarios de sus tierras, con prácticas que les han resultado favorables en otras tierras, “que incluye la compra del comisariado ejidal y de sus autoridades, la formulación amañada de actas de asamblea, de contratos de usufructo y prestación de servicios, que han querido mantener ocultas del escrutinio de la Procuraduría Agraria”, aseguró.
En ese tenor la Procuraduría Agraria ha sido atacada directamente por el comisariado ejidal, aduciendo que están amañados con los ejidatarios, de alguna manera, porque han pugnado y pedido conciliación y la Procuraduría Agraria, a través del ingeniero Jonhy Cámara, jefe de residencia de Puerto Morelos, quien apegado a la ley les ha dicho que proceso se debe seguir, independientemente de que a base de engaños se logró que el ejido firme un contrato, a todas luces ilegal con la empresa Servicios Agrarios y Técnicos, SATT.
De este problema ya tienen conocimiento autoridades de los tres niveles de Gobierno, funcionarios de los más altos niveles están al tanto de la situación, tanto aquí, en Chetumal y en el Distrito Federal, porque los ejidatarios quieren que la opinión pública se entere y se evite el despojo de tierras por parte de especuladores que han sembrado división, incertidumbre y han creado dificultades muy grandes para todos los ejidatarios que están en desacuerdo con esta situación.
El valor de las tierras, por la construcción del aeropuerto que quedará cerca, una vez que esté parcelado el ejido y legalmente regularizado, puede ser de 50 dólares el metro cuadrado, lo que significa más de 500 mil dólares por hectárea, por lo tanto; “un filete del tamaño del que pretende apoderarse esta gente, tendría un valor muy alto, en millones de dólares”, precisó el entrevistado.
González Pacheco manifestó que están acudiendo a todos los medios legales para que se revoquen esos contratos, que el comisariado ejidal, Eleuterio Caamal (y toda su familia, que integran el comisariado ejidal) y algunos allegados, controlan las asambleas y las actas, pero como la ley Agraria es muy clara, los ejidatarios se encuentran en un proceso de impugnación para hacer valer sus derechos y evitar el despojo, apoyándose también en el Tribunal Agrario. (Fuente: Diario de Quintana Roo)
