Playa del Carmen, QROO.- A casi 5 meses del “botox gate” que afectó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, una copia de la investigación que llevó a cabo la Contraloría municipal deja en evidencia la contradictoria actuación de las dos direcciones involucradas en la imposición de sanciones.
La segunda semana de febrero, los medios de comunicación locales dieron a conocer la utilización de la toxina botulínica (botox) por parte de empleadas del ayuntamiento Solidaridad, pertenecientes al DIF, donde, como parte de una terapia, se aplica esta sustancia a niños que padecen diversas discapacidades.
La toxina botulínica es provista por la empresa Dysport, y es adquirida por el ayuntamiento con recursos provenientes, básicamente, de donativos, a un precio muy por debajo de su valor comercial. Esta sustancia es la misma que se aplica en los tratamientos de belleza con efecto rejuvenecedor, tentación a la que sucumbieron una decena de empleadas municipales.
Cuando el caso fue develado por la prensa, la dirección de Comunicación Social rápidamente sacó el tema de los medios de comunicación, y ejerció su “derecho de veto” en éstos, en un intento por evitar el desprestigio del DIF.
Noticaribe solicitó a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información municipal, diversos datos relacionados con el caso, incluyendo la copia de la resolución de la investigación que por ley, tenía que llevar a cabo la Contraloría municipal.
El contralor, Álvaro García Santamaría, se negó a entregar la copia del acuerdo resolutivo, pues a su parecer, éste era de “carácter reservado”. Luego de interponer un Recurso de Revisión, el mes pasado, el funcionario fue obligado a proporcionar la información que se le solicitó.
De acuerdo al resolutivo del expediente CM/DAF/PA/05/2009, se le requirió al doctor Mario Rodolfo Abarca Sotelo, director de Salud del DIF, que compareciera ante la Contraloría municipal para decir lo que a su derecho conviniera, y presentar las pruebas que considerara conveniente por su responsabilidad en el caso. El citado funcionario fue llamado por ser el superior jerárquico de las 11 personas involucradas en la irregular utilización del botox.
Según el resolutivo de la Contraloría, el doctor Mario Abarca no compareció, y en cambio, envió su respuesta por escrito. En ésta, refiere que “personal de la institución con anticipación pactó con el señor Juan Cetzal, de la compañía Dysport, que provee la terapia de aplicación con toxina botulínica alfa (TBA), para que el día jueves cinco de febrero se le aplicara a varias trabajadoras del DIF, cobrándoles a precios accesibles la aplicación. Ese mismo día se citó a la gente en la Unidad Básica de Rehabilitación para recibir el tratamiento cosmético, utilizando el tiempo de trabajo en el tratamiento de belleza, sin autorización mía o de los directores”.
Al doctor Mario Abarca se le sancionó, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, debido a que “como responsable del área debió estar al pendiente de las actividades que su sus (sic) subordinados realizas (sic) en horas de trabajo.” “En este contexto, queda establecido que la falta de supervisión al personal a su cargo fue lo que en esencia dio origen a esta situación (…)”.
Dos versiones sobre el caso
El resolutivo de la Contraloría, en su numeral segundo, estableció que al doctor Mario Abarca Sotelo se le impondría la sanción administrativa consistente en “Amonestación Privada”, sin embargo, en lugar de que se le aplicara dicho ‘castigo’, el funcionario fue dado de baja, según la respuesta que el director de Recursos Humanos dio a la solicitud de información 069.
En esa respuesta, se precisa además, que otras once personas fueron sancionadas. Aquí los nombres: Iliana Trujillo Encalada, Juan Antonio Ceja Sánchez, Rosa Santín Villanueva, Marlene Quijano Sosa, Carolina Uh Soberanis, Sofía Gamboa Durán, Nereida Asma Calleja, Verónica Becerra Mier (ex secretaria de Carlos Joaquín González), Ruth Peña Rodríguez, María de los Ángeles Lino Train y Felipa Pat Cahuich (hermana del reportero Rubén Pat Cahuich); las últimas cinco trabajadoras fueron cambiadas de área.
En el documento entregado por la Contraloría no se establece sanción alguna para las trabajadoras del DIF que utilizaron la toxina botulínica con fines estéticos; aunque según el propio Director de Recursos Humanos, en la respuesta dada a la solicitud de información 032, efectuada por la ciudadana Nallely Villegas, “una persona fue dada de baja definitiva, seis personas fueron reubicados en otras áreas; y cinco personas fueron sanciones (sic) en forma económicas. En relación a la última sanción, la cantidad recuperada en concepto sanción fue destinada a los programas sociales del propio Sistema DIF municipal.”
Como es evidente, las versiones entre la Contraloría y la Dirección de Recursos Humanos son totalmente distintas. La Contraloría, en ningún momento menciona que se haya sancionado a otro empleado más allá del Director de Salud, y tampoco refiere que la sanción impuesta al funcionario haya sido la baja definitiva, sino sólo una “amonestación privada”. Pero mientras que en la solicitud 032, el Director de Recursos Humanos dice que seis personas fueron reubicados en otras áreas, en la 069, detalla el nombre de sólo cinco personas cambiadas de área.
De manera extraoficial, una empleada adscrita a la Contraloría municipal confió a este medio que la Contraloría no llevó a cabo ninguna investigación, de allí que no exista testimonio de la comparecencia de ningún empleado, salvo una supuesta carta del que fuera Director de Salud del DIF, Mario Abarca Sotelo, y esa fue la razón por la que el contralor Álvaro García negó la entrega del resolutivo. (Noticaribe)
