La sentencia del juzgado segundo de distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, contra el decreto presidencial que estableció en 1981 el parque nacional Tulum, no es definitiva, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) pedirá una revisión del proceso, informó Alfredo Arellano, director regional de Áreas Naturales Protegidas para la Península de Yucatán y el Caribe Mexicano.
Consideró que el juez se equivocó en la conclusión que ampara al empresario hotelero Roberto Palazuelos -quien compró los terrenos 15 años después de que se expidió el decreto-; por ello, en los próximos días la Conanp pedirá una revisión ante el Tribunal Colegiado de Distrito y después ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que esto no contraviene la clausura de 10 hoteles, entre ellos el Diamante K, del empresario mencionado, por violar la zona federal marítimo terrestre y el uso de suelo forestal. Precisó que en dos instalaciones se levantó la clausura y también se demolieron construcciones.
Recordó que después de que se creó el parque nacional, donde se prohíbe toda actividad productiva, propietarios de tierras buscaron ampararse, pero en 1986 perdieron el proceso, vendieron terrenos y hubo notarios que avalaron la compraventa de los lotes.
Puntualizó que 90 por ciento del parque se mantiene en buen estado y descartó que se eche abajo el decreto que creó el parque. “El riesgo sería que se privatizaran los terrenos”, pues ello pondría en riesgo “la posibilidad de acceder a espacios públicos, playas, selva, biodiversidad y patrimonio histórico”, advirtió.
Dijo que existe un conflicto entre interés público y privado, y por ello el Estado debe defender el patrimonio de Quintana Roo en contra de quienes quieren construir hoteles, restaurantes y desarrollos inmobiliarios en la zona. (Fuente: La Jornada)
