PLAYA DEL CARMEN, MX.- Luego de la denuncia a nivel nacional de presunto abuso de autoridad por parte de la policía local, las autoridades de Playa del Carmen dicen no contar con referencias que indiquen alguna anomalía en el procedimiento de detención y encarcelamiento del empleado de la embajada de Italia, Margarito Torralva González, por lo que exhibieron el expediente que existe de este ingreso a los separos de la cárcel pública.
Al mismo tiempo, aseguraron que si hubiera alguna queja formal ante la Contraloría Municipal u otras instancias, estarían en la disposición de coadyuvar, para que en caso de ser cierto sean sancionados los responsables.
El director general de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, Rodolfo del Ángel Campos, señaló que el día 20 de julio, aproximadamente a las cuatro de la madrugada, fue detenida esta persona, en la Quinta Avenida, por la calle 12, cuando deambulaba ebrio con el pantalón hasta la rodilla, hecho que fue reportado al número de emergencia, por lo que acudió la patrulla 8305, al mando del oficial Carabeo Moreno.
“La referencia es que prácticamente se andaba exhibiendo en bóxer en plena zona turística”, sostuvo.
Al ser abordado, Margarito Torralva intentó resistirse al arresto, debido a que presuntamente se encontraba en completo estado de ebriedad, por lo que fue remitido al Juzgado Cívico, en donde se documentó su ingreso estando en funciones el juez Carlos Guerra y en donde hasta su ingreso, el médico legista Sebastián Cortez Hernández, certificó el buen estado físico del detenido y el tercer grado de alcoholismo que presentaba.
“Hasta ahí es la competencia de la policía, no tenemos más contacto con los detenidos, porque entran a la cárcel pública, estando a disposición del juzgado cívico. Si hay alguna anomalía que cometiera algún elemento, se tendría que revisar y aportar toda la información y documentación correspondiente, y como lo ha dicho nuestro presidente, Eduardo Román Quian Alcocer, debe de ser sancionado, porque aquí hay garantía de pleno respeto a los derechos humanos”, dijo Del Ángel Campos.
Por su parte, la coordinadora del Juzgado Cívico, Gabriela Rodríguez, informó que a las 4:31 horas del 20 de julio le pusieron a disposición al detenido señalado de haber cometido una falta administrativa, al estar en la vía pública realizando actos inmorales, por lo que el juez calificó esta falta encuadrándola en el artículo 32, fracción 9, del Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Solidaridad.
El artículo señala: “Realizar o permitir actos inmorales y demostraciones erótico-sexuales, en la vía o lugares públicos”.
Comentó que tampoco existe referencia en el expediente o en la bitácora del día, que hubiera solicitado auxilio al juez, para poder hacer alguna llamada a un familiar, amigo o conocido, ya que seguramente, según explicó “esto se debió a que estaba muy tomado y era necesario esperar el tiempo prudente para que se le pasara la borrachera, antes de que pudiera desenvolverse”, recalcó.
Ante esto, señaló que tampoco hay referencia de que solicitara apoyo de personal de ese juzgado para salir al cajero automático a retirar dinero en efectivo para pagar su multa, excepción que sí es legalmente válida, cuando se trata de detenidos que están por faltas administrativas encarcelados, no localizan a ningún familiar y carecen de dinero en efectivo.
Por último, comentó que en la bitácora no hay ningún reporte o señalamiento que hiciera el detenido al momento de su salida, de que en su detención o en el interior de la cárcel le hubieran robado su dinero, o de que fue golpeado por los custodios o internos, aun cuando recalcó que no le compete la administración y operación de los separos, ya que esta es un área, responsabilidad de José Luís Hernández Barragán.
De acuerdo a datos publicados en la revista Proceso, el empleado de la embajada, quien tiene como ocupación técnico y reside en el Distrito Federal, fue detenido en la Quinta Avenida, injustificadamente la madrugada del 20 de julio, golpeado y despojado de 2 mil 800 pesos, mientras era detenido por faltas a la moral y resistirse al arresto, cuando se encontraba en tercer grado de intoxicación etílica, cuando el declarante señala que no había bebido la cantidad de alcohol que se le atribuye.
Además en el interior de los separos fue golpeado por custodios y los propios internos, además de que no se le permitió comunicarse con el representante consular, si no hasta que pagó la multa por mil 39 pesos, cuyo recurso económico lo retiró de un cajero automático. (Fuente: El Quintanarroense)