CHETUMAL, MX.- Familiares de internos revelaron que en el Centro de Readaptación Social de Chetumal (Cereso) se cobra entre 500 y mil 500 pesos el derecho de visita a los internos.
CHETUMAL, MX.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Cdheqroo), Gaspar Armando García Torres, reveló que se emitió una nueva recomendación en contra de la directora de Prevención y Readaptación Social, Verónica May Villanueva, por entorpecer el acceso de los visitadores de dicho organismo a la cárcel de Benito Juárez.
García Torres presume que podría haber iguales o mayores canonjías que en Chetumal, a favor de ciertos reos en ese penal. Advirtió un total desinterés de las autoridades penitenciarias locales para solucionar las deficiencias en este sentido.
“No hay ningún avance por parte de las autoridades penitenciarias en materia de Derechos Humanos, es decir no se ha hecho nada, se está dejando hacer por parte de la población penitenciaria todo”, sentenció.
Reiteramos en varias ocasiones, así como en estas última recomendación que hemos encontrado grupos de poder al interior de la cárcel de Cancún y del Centro de Readaptación Social de Chetumal, lo cual es una “bomba de tiempo”.
Comentó que personalmente en una de las pocas supervisiones que se le permitieron hacer, el personal del organismo detectó que continúan las extorsiones al interior de la cárcel, donde se golpea y lástima a los nuevos reos de no pagar o completar el dinero que les piden los grupos de poder. Las autoridades penitenciaria a pesar de saberlo siguen sin hacer nada, afirmó.
Asimismo, reveló que hay un problema mucho más grave, pues hace unas semanas a los visitadores de la comisión no les permitió, sino sólo parcialmente, realizar los trabajos para supervisar las condiciones en las que se encuentran las celdas e instalaciones de la cárcel de Cancún.
“A pesar de que ella está a cargo de la cárcel de Cancún (Verónica May Villanueva) no ha mostrado nada que esté cambiando al interior, luego de los acontecimientos que se han venido registrando desde hace varios meses”, sentenció.
Hoy se emitirá la recomendación correspondiente porque la funcionaria no permitió el acceso para la revisión de la cárcel de forma completa, lo cual deja entrever que pudiesen darse las mismas canonjías a los reos como lo que ha sucedido en el Cereso de Chetumal, expresó.
García Torres añadió que por ello estarán al pendiente de los procesos administrativos que se le siguen a May Villanueva y al director del Cereso de Chetumal, Víctor Terrazas Cervera, para sumar parte de las recomendaciones hechas al sistema penitenciario y con ello apuntalar dichas investigaciones.
Finalmente dijo que esperará la respuesta, tanto de la directora de los centros penitenciarios del estado, Verónica May Villanueva, como del secretario de Seguridad Pública, Salvador Rocha Vargas, para determinar cuándo se podrá punto final e implementar los programas que realmente cumplan con la función de readaptación social para los reos que ahí se encuentran.
Hace apenas unas semanas se emitió una recomendación en contra de las autoridades penitenciarias, donde se incluye a May Villanueva, por las irregularidades detectadas en el interior del Cereso de Chetumal. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
Existe al interior una red de corrupción, una mafia que permite desde protección hasta narcotráfico, prostitución y otros delitos; hay quienes se dicen víctimas de estas prácticas en las que están involucrados desde custodios, hasta altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública.
Novedades de Quintana Roo entrevistó a tres familiares de internos de este penal, todos aseguraron que ahí “se paga por todo”.
Una de estas personas comentó que en dos ocasiones ha sido presionada para ingresar cocaína en pelotas de béisbol, por lo que debía pagar una cuota de 10 mil pesos y los custodios responsables de su revisión “se harían de la vista gorda” para poder entregar la mercancía, que luego se comercializa entre los internos.
Para D.C.I., pareja de un reo procesado por el delito de violación, es un “martirio” visitar el Cereso los martes o sábados (días de visita), pues sabe que para permanecer unas horas al lado de su pareja, deberá desembolsar entre 500 y hasta mil 500 pesos.
Estas cuotas son entregadas al llamado “cabo de custodio”, figura responsable de recibir el dinero para entregarlo más tarde a su superior inmediato, quien no es una autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sino un interno, actual líder del autogobierno al interior del penal, apodado “El Barradas”.
Las cuotas no tienen límite, se cobra de acuerdo al dicho: “según el sapo la pedrada”, tal es el caso de George Hardie, el hijo del dueño del casino Las Vegas de la zona libre de Belice, sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio en contra de un mexicano y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, de quien se dice, su padre desembolsó medio millón de pesos para que permanezca en la zona de las llamadas celdas VIP.
Ex funcionarios de la SSP revelaron que desde el ingreso de un reo, éste es víctima de los responsables del penal, quienes los obligan a realizar trabajos “pesados” o los mantienen en celdas “de castigo” mientras se nieguen a pagar la “membresía” para ocupar celdas más grandes o tener derecho a salir al patio del penal.
Estas “membresías” oscilan entre los mil 500 y los tres mil pesos mensuales, lo que hace suponer que deja fuertes dividendos a quienes integran la red de corrupción en este centro carcelario.
En el área de segregados, hoy conocida como celdas VIP, existen 40 espacios construidos el año pasado con recursos del Fondo de Seguridad Pública, y es de donde se manejan todo tipo de negocios gracias a que los internos cuentan con teléfonos celulares, computadoras portátiles con acceso a internet, tal y como se dio a conocer tras el operativo realizado el pasado 9 de junio.
Este caso motivó a las autoridades a iniciar una investigación en la que han comparecido tanto la directora de Readaptación Social Verónica May Villanueva, como el director del Cereso, Víctor Terrazas Cervera, quienes con todo y las pruebas fotográficas y versiones de los internos y sus familiares no han sido objeto de sanción alguna. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
