CHETUMAL, MX.- El empresario Carlos Parra Jiménez envió una carta al Congreso del Estado para exponer las innumerables irregularidades y violaciones al procedimiento cometidas por los magistrados Norma María Loría Marín, Andrés Ariel Martínez Carrillo y José Carlos Mugártegui que integraban la Sala Civil de la ciudad de Chetumal en el año 2004.
El Congreso del Estado facultó a la Comisión de Justicia para que investigue si los magistrados Norma María Loría Marín, Andrés Ariel Martínez Carrillo, José Manuel Ávila Fernández y José Carlos Cortés Mugártegui cumplen con los requisitos legales vigentes que les permitieron acceder a ese puesto dentro del Tribunal Superior de Justicia y que, con base a la evaluación de sus funciones sugiera al pleno el sentido de la resolución sobre su petición de ser ratificados en el cargo que deben dejar el próximo 30 de octubre.
Lo anterior a través de un punto de acuerdo que establece los lineamientos a seguir como requisito indispensable para que el Poder Legislativo se encuentre debidamente facultado para proceder a la ratificación o no de los mencionados magistrados, solicitando incluso información al tribunal superior de justicia sobre el trabajo y desempeño de los mismos.
Según lo explicó en su exposición el presidente de la gran comisión del congreso del estado Luis Gonzalez Flores
De esa forma, el pleno de la Legislatura determinó que la Comisión de Justicia que preside el diputado Pedro Pablo Poot Ek, realice una investigación sobre el desempeño realizado por cada uno de los magistrados que solicitaron ser ratificados en el cargo para finalmente sugerir al pleno legislativo su ratificación o su relevo en esa encomienda
Cabe señalar que los magistrados mencionados concluyen el próximo 30 de octubre su período de seis años para el que fueron designados, pero la ley les confiere el derecho de pedir su ratificación por un período similar, lo cual hicieron en su de manera formal ante el poder legislativo.
En otro orden de ideas, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa presentada por el gobernador del Estado, Félix González Canto, mediante la cual propuso que en el Muro de Honor del recinto oficial del Congreso del Estado se inscriba el nombre de doña Leona Vicario con letras doradas, atendiendo al ejemplo de valor, iniciativa e inteligencia de una mujer que se rebeló al orden social injusto en su tiempo y que junto con otras mujeres, su participación integra los fundamentos de la nación mexicana. (Fuente: Enfoque Radio)
“Mi humilde solicitud es que antes de resolver sobre la petición de ratificación de los magistrados que los llevaría a la inamovilidad, se les haga una investigación a fondo, respecto a su actuar como juristas y como ciudadanos”, señala el texto.
En el documento explica que las irregularidades se presentaron en los Juicios 807/2003 y 807/2003 donde en el primer caso Carlos Parra Jiménez y en el segundo María Guadalupe Ortiz Yeladaqui demandaron al Registro Público de la Propiedad y Bancomer por usurpación.
En cuanto al juicio mencionado abunda que éste tuvo sentencia favorable ante al Juez Civil de Primera Instancia que consideró plenamente probada la acción de usurpación, no obstante, el demandado Bancomer se inconformó con la sentencia mediante la apelación.
Cuando el expediente llegó a los magistrados Norma María Loría Marín, Andrés Ariel Martínez Carrillo y José Carlos Mugártegui, éstos revocaron la sentencia, argumentando que la parte actora carece de derecho para ejercitar la acción de usurpación.
Ante la inconformidad de esta resolución, se interpuso una demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado Vigésimo Séptimo Circuito, mismo que el 13 de abril de 2004 concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal.
En otras palabras, se ordenó a los magistrados a que resolvieran nuevamente el recurso de apelación y que declaren que ha procedido la acción intentada, quedando de esta manera firme la resolución de la Juez de Primera Instancia.
Sin embargo, el magistrado Andrés Ariel Martínez Carrillo, en reuniones con los representantes legales de Bancomer, externó que los juicios promovidos eran un fraude y que de su cuenta corría que no procedieran, mostrando su parcialidad.
Por estas acciones y sumándose a las denuncias realizadas en medios de comunicación y radio en contra de los magistrados citados, fue que Carlos Parra envió a los diputados del Congreso del Estado su inquietud por la intención de los magistrados Norma María Loría Marín, Andrés Ariel Martínez Carrillo y José Carlos Mugártegui de ratificarse en el puesto.
Además, es necesario mencionar que el documento señala que Andrés Ariel Martínez Carrillo ha hecho alarde que el Gobierno Estatal le otorgó una beca de seis años para que aprendiera su labor dentro de Tribunal Superior de Justicia, como si esta instancia fuera una escuela.
En el caso de José Carlos Mugártegui, manifiesta que en quince años trabajando en el Juzgado de Distrito no pasó de secretario de Acuerdos y que la Juez de Distrito, Mirza Be Herrera, aproximadamente en el año 2002 le pidiera su renuncia al sorprenderlo realizando ventas de suspensiones para los juicios de amparo.
Finalmente, sobre Norma María Loría Marín dice que cuando fungió como directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, registró unas escrituras a nombre de su hermana Cecilia Loría Marín que hasta la fecha causan indignación a la sociedad quintanarroense, pues eran tierras destinadas a la Universidad de Quintana Roo. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
