CANCÚN, MX.- La mañana de este domingo, el juez Tercero de Distrito otorgó la libertad bajo fianza a Ramón Chacón Mantilla, por el delito de portación de arma de fuego, pues por los otros que le eran imputados, no se encontraron los elementos suficientes para procesarlo. Los otros cinco, fueron declarados formalmente presos.
CANCÚN, MX.- Un punto de acuerdo para exigir a la PGR cese de mal integrar los expedientes a favor de la delincuencia organizada, promovió en el cabildo Febe Marín Trujillo, regidora presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del ayuntamiento Benito Juárez, pero lamentó que lo hayan desechado sus compañeros.
La regidora aunque no forma parte de la Comisión de Seguridad Pública consideró importante que el ayuntamiento Benito Juárez fije una postura crítica en cuanto a la cuestionada actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada en Quintana Roo por la delegada Elba Alicia Sánchez Domínguez.
La regidora por el PRD explicó que un cuerpo de abogados fundamentó jurídicamente el punto de acuerdo para someterlo a consideración de los regidores, sin embargo, la iniciativa ni siquiera prosperó en el precabildeo.
Algunos párrafos destacables de cuerpo de la propuesta señalan de la siguiente manera:
“En relación a los hechos acontecidos en los días __ de los corrientes, en donde algunos delincuentes fueron temerariamente liberados por personal adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República ubicada en esta ciudad, luego de haber sido detenidos en flagrancia de delito portando armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército, el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez ha acordado fijar de manera responsable una posición crítica que redunde en beneficio de quienes vivimos en esta parte del territorio nacional”.
Luego de citar diversas leyes que obligan a la federación, al estado y a los municipios a garantizar la seguridad pública, el documento señala que “por ello exigimos que el personal adscrito a las delegaciones de la PGR encargado de la persecución de los delitos federales, como lo es el acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, realmente lo persigan de oficio, ejerzan la acción penal y soliciten al juez penal federal la sanción correspondiente por esas conductas ilícitas”.
Se planteaba que “en esa parte del territorio mexicano esperamos y exigimos que los delitos se persigan y se castiguen legalmente, para no continuar poniendo en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de nuestro municipio”.
El proyecto de acuerdo establece que varios miembros de la delincuencia organizada han salido libres luego de ser detenidos por la policía municipal y del estado “aparentemente por la inconsistencia habida en el expediente” elaborada por la PGR “lo que resulta incomprensible”. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
Minutos antes de las 8:00 horas de este domingo, el juez Tercero de Distrito notificó a Ramón Chacón Mantilla su inmediata libertad tras el pago de una fianza, de la cual se desconoce el monto.
El pasado lunes fue consignado por los delitos de portación de armas de fuego, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.
Sin embargo, el juez determinó que no existían los elementos suficientes para procesarlo por dichos delitos y sólo se le imputaba el de portación de arma de fuego, mismo por el que pudo salir libre pagando una fianza, al no ser un delito considerado como grave.
Chacón Mantilla fue detenido en Tulum el pasado seis de diciembre junto con Julio César Sánchez García, José Burgos Vega, Martín Lugo Cárdenas, Alfredo Martínez Coral y David de la Cruz Alejo.
Al momento de la detención, tenían en su poder un arma de fuego calibre .380, tipo escuadra con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles.
De igual forma, fue localizada un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, sin cargador y con un cartucho útil, además de cinco teléfonos celulares y tres aparatos de radio comunicación.
Todos fueron trasladados a Cancún en donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal y el lunes por la mañana fueron ingresados a la cárcel municipal de esta ciudad.
El martes pasado los seis rindieron su declaración preparatoria ante el Juzgado Tercero de Distrito y tras pedir la ampliación del término constitucional de 72 horas, finalmente el juez determinó ponerlo en libertad únicamente a él; mientras que los otros cinco fueron declarados formalmente presos. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
CANCÚN, MX.- A lo largo del año, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), ha dejado en claro la abierta protección que brinda a integrantes de grupos de la delincuencia organizada, al efectuar consignaciones a modo y facilitar la liberación de sujetos que son detenidos por delitos federales.
Al momento de ser consignados, los ministerios públicos federales sólo aplican delitos no considerados como graves, lo que permite que puedan alcanzar su libertad tras el pago de una fianza, aun y cuando en muchas de las ocasiones les encuentran en su poder, armas de uso exclusivo del Ejército, granadas de fragmentación y hasta diversas porciones de droga.
Con ello, la complicidad de autoridades federales con grupos delictivos, ha permitido que integrantes de grupos criminales hayan podido quedar en libertad tras el pago de una fianza o simplemente, porque los jueces a los que son turnados, no encuentran los elementos suficientes para procesarlos.
Y para colmo del descaro, esta complicidad se engrandece porque tras la liberación de los presuntos delincuentes, el Ministerio Público Federal tiene la obligación de apelar tal acción ante una instancia superior de los jueces como es el Tribunal del Vigésimo Séptimo Circuito, pero no lo hacen porque ese es su objetivo: permitirles la libertad a los miembros de la delincuencia organizada.
La reciente liberación de seis de los 11 “Zetas” detenidos en Playa del Carmen, es un claro ejemplo de la corrupción, impunidad y complicidad que priva dentro de la delegación de la PGR, en donde pareciera que la detención tanto del ex delegado Nicolás Hernández Mendoza como del subdelegado Jesús Vega Romero, vinculados a la delincuencia organizada, no han sido suficientes para escarmentar.
Desde los primeros días de este año, esta situación quedó al descubierto con la liberación de cuatro presuntos “Zetas” detenidos el 30 de diciembre del 2008.
Se trata de Andrés Reyes Molar, Carmelo Zárate Espinoza, Erick Edmundo González Rubio y Francisco García Torres; quienes aquel día fueron detectados por militares y policías estatales a bordo de un vehículo tipo Advenger color gris, con placas de una arrendadora, cuando pasaban por un retén ubicado a la altura del centro comercial “Centro Maya” de Playa del Carmen.
Al solicitarle que descendieran del vehículo, fueron encontradas en el interior de la unidad, cuatro armas cortas, dos calibre 38 y dos más calibre 9 milímetros, con 12 cargadores abastecidos, además de radios portátiles.
Al solicitarles los permisos correspondientes para portar las armas de fuego, los sujetos se identificaron con credenciales que los acreditaban como agentes activos de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas, asignados al área bancaria y dijeron brindar seguridad a un empresario del cual no proporcionaron su identidad.
Los documentos para el traslado de armas, no eran los requeridos por las autoridades militares y ante la negativa de aportar informes sobre el supuesto empresario al que brindaban seguridad; los cuatro asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún donde quedaron a disposición del ministerio público federal.
Al vencer el término constitucional, el ministerio público federal ordenó la liberación de los cuatro sujetos, tras el pago de una cuantiosa fianza que no fue revelada. De acuerdo con la PGR, el único delito de los cuatro sujetos fue no contar con los documentos correspondientes para portar armas de fuego.
Su liberación se dio a pesar de que entre las cosas que les fueron aseguradas a estos cuatro sujetos el día de su detención además de las armas, se encontraban varios radios Nextel.
El número de radio de uno de ellos estaba registrado en el C-4 de Playa del Carmen, como el número de donde salieron las amenazas para quien fuera el subdirector de la policía preventiva en esa localidad, Jesús Manuel López Cantú; quien fue ejecutado junto con su escolta Manuel Gordillo en el mes de agosto del año pasado.
Meses después, en agosto, la complicidad y corrupción en autoridades de los tres niveles de gobierno, permitieron que Adrián Alfonso Sánchez Capistrano (a) “El Veracruz”, saliera libre de prisión, a pesar de que en las ocasiones que fue detenido, portaba una importante cantidad de droga e incluso, armas de fuego.
A pesar de que Sánchez Capistrano era un conocido distribuidor de drogas en la ciudad y que fue detenido en más de una ocasión, esto no bastó para las autoridades federales que extrañamente lo dejaron en libertad.
En el año 2003, cuando trabajaba como taxista, Sánchez Capistrano fue detenido por delitos contra la salud y fue encarcelado en Cancún, pero al ser sentenciado fue enviado al Cereso en la ciudad de Chetumal.
Al salir a cabo de un tiempo, regresó a la ciudad de Cancún y el pasado 12 de abril, fue nuevamente detenido por policías municipales, después de que recibieran el reporte de un vehículo siguiendo a una camioneta y que este aceptara portar un arma de fuego tipo Glock calibre 9 milímetros.
Más tarde, la Subprocuraduría de Justicia dio a conocer que al detenido se le encontró en su poder tres bolsas que contenían cada una 50 dosis de cocaína, así como 12 mil 150 pesos en efectivo, repartidos en cinco sobres.
Por ello fue puesto a disposición de la PGR y la noche del 14 de abril, Sánchez Capistrano fue consignado a un juez federal por delitos contra la salud únicamente, pues el arma de fuego nunca apareció.
Después sería declarado formalmente preso pero extrañamente, el 30 de junio salió en libertad, para continuar dedicándose a su actividad de distribuidor de drogas, hasta que la noche del miércoles 19 de agosto, fue ejecutado a balazos en la Supermanzana 48.
El 30 de septiembre y tras permanecer únicamente tres días recluidos en la Cárcel Municipal, fueron puestos en libertad cuatro “Zetas” que según la propia PGR habían sido detenidos en el interior de un hotel ubicado en las inmediaciones de la calle Cedro en la Supermanzana 26.
El ministerio público federal los consignó a un juez por los delitos de posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, asociación delictuosa y posesión del narcótico denominado clorhidrato de cocaína.
Sin embargo, al no tratarse de delitos graves, Samuel Upalia Medina, Javier Amaro, Juan José Velázquez Flores y Carlos López Bautista fueron puestos en libertad, luego de que el juzgado cuarto de distrito les otorgara la libertada bajo caución.
Cuando fueron detenidos, la PGR dio a conocer que tenían en su poder 130 cartuchos útiles calibre .223, tres bolsas de polietileno, en dos de ellas había piedra con las características de la cocaína con peso de 28 gramos entre las dos, y la tercera con polvo blanco (cocaína) con un peso de 14 gramos, junto con tres playeras de color negro con el escudo y la leyenda “Cártel del Golfo”.
Incluso, los señalaron de estar relacionados con el “levantón” y secuestro de César Daniel Bedolla Flores, Isaías Bautista Parra y Luis Alfredo Aparicio Lara.
El 6 de octubre en una acción por demás permisiva para la delincuencia, la PGR dejó en libertad a dos narcomenudistas que fueron detenidos en la Supermanzana 75, después de que intentaron ejecutar a un joven afuera de su domicilio.
José Juan Hernández Solís y Manuel Arturo Poot Chan, ni siquiera fueron consignados a un juez federal y quedaron en libertad por “falta de elementos”.
Ambos fueron detenidos por elementos de la Fuerza Interinstitucional Policial (FIP) y de Seguridad Pública municipal, después de que Hernández Solís disparara en contra de Francisco Javier Narváez de 22 años, quien se encontraba afuera de su domicilio con un grupo de amigos.
Los detenidos circulaban en una camioneta tipo Explorer con placas del estado de Michoacán y al ser revisados, se les encontró una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros y más tarde cuando fueron llevados al área de barandilla para que se les practicara el examen médico, se detectó que José Juan Hernández Solís traía entre sus ropas 15 bolsitas con cocaína en polvo y alrededor de dos mil pesos en efectivo.
Finalmente, el caso más reciente, es el de los 11 “Zetas” detenidos en Playa del Carmen el pasado tres de diciembre en el centro nocturno “Tentaciones” y el de los seis detenidos en Tulúm, comandados por Román Chacón Mantilla.
Los 11 detenidos de Playa del Carmen fueron consignados ante el juzgado cuarto de distrito, pero sin que el ministerio público federal aplicara el de delincuencia organizada.
Antes de vencerse el término constitucional de 72 horas para que el juez resolviera su situación jurídica, Marco Antonio Galván Briones, Abelardo Pineda Rodríguez, Héctor Miguel Tinoco Bouzas, Renán López Mena, Jonathan Correa Díaz, Oswaldo Trejo Peña, Rodrigo Pineda Rodríguez, José Molina Pino y Martín Ayala Calderón; fueron dejados en libertad tras el pago de una fianza no mayor a los 15 mil pesos.
Sólo Miguel Angel Pinedo Rodríguez y Cléber Sánchez Domínguez, presunto líder del grupo, quedaron encarcelados en espera de la resolución del juez.
Apenas el sábado, el juez determinó declarar formalmente presos a Rodrigo Pineda Rodríguez, José Molina Pino, Martín Ayala Calderón, Miguel Ángel Pinedo Rodríguez y Cléber Sánchez Domínguez.
En tanto, el resto de los inculpados fueron declarados formalmente libres por falta de elementos.
De los seis detenidos en Tulum, Julio César Sánchez García, José Burgos Vega, Martín Lugo Cárdenas, Alfredo Martínez Coral y David de la Cruz Alejo; fueron declarados formalmente presos el día de ayer por el juez tercero de distrito y Román Chacón Mantilla, líder de este grupo, fue liberado tras el pago de una fianza; pues únicamente le fincaron el delito de portación de arma de fuego.
De esta forma, al menos 21 sujetos todos ligados a la delincuencia organizada, han podido quedar en libertad a pesar de que al momento de ser detenidos se les han encontrado en su poder armas, granadas y drogas, entre otras cosas, pues a ninguno se les ha imputado el delito de delincuencia organizada.
Por estas acciones de los ministerios públicos federales, profesionales del derecho los consideran como “dueños absolutos” de las consignaciones.
Y es que al no consignar a los delincuentes por delitos graves, estos tienen todo el derecho de salir libres bajo caución y seguir el proceso en libertad y posteriormente muchos de ellos como se ha visto, son declarados formalmente libres por falta de elementos que comprueben su culpabilidad. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
