CANCÚN, MX.- A través de su coordinador nacional de delegaciones, Bernardo Espino del Castillo Barrón, la Procuraduría General de la República (PGR), garantizó que “no se presta, ni se prestará” a iniciar investigaciones cuyo origen y fin sea el golpeteo político.
“Nosotros debemos mantenernos muy pulcros en ese sentido, debemos ser muy respetuosos, no prestarnos a eso, tenemos que tener cuidadosos y definitivamente no estaríamos prestándonos a cuestiones de éstas, debemos ser muy cautos, no apresurarnos ni declarar nada a favor o en contra. (…) Definitivamente no nos vamos a prestar a una situación de esas”, sostuvo.
La pregunta hecha al funcionario federal, surgió ante la sistemática postura del alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez, quien atribuye a “la guerra sucia”, a los “ataques políticos”, a “la mano negra” o al financiamiento “de lo más putrefacto de la política”, las demandas que el empresario Steve Santander, interpuso en su contra por adeudarle 10 millones de dólares que le prestó para financiar, presuntamente, el último tramo de la campaña que lo encumbró a la presidencia municipal, en febrero del 2008.
Esas demandas dieron origen a juicios y a una reciente investigación de la PGR, que abrió la averiguación previa AP/PGR/QROO/CAN/091/2010 en contra del alcalde, por el probable delito de falsedad en declaraciones, relacionadas con el pago de la millonaria cantidad, que Santander asegura le prestó a finales del 2007.
El edil, quien rechaza el préstamo, negó su firma en declaraciones ante dos juzgados federales, además de demandar ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, al empresario, acusándole de fraude procesal, al haber falsificado supuestamente su rúbrica, estampada en una serie de pagarés, cada uno por un millón de dólares.
La autenticidad de la firma del munícipe en esos pagarés ha sido demostrada mediante algunos peritajes; no obstante, Sánchez Martínez argumenta que, independientemente de los peritajes presentados por cada una de las partes, existe un tercer peritaje que lo exculpa y que es el válido. Hasta el momento, ese documento tampoco ha sido exhibido por el edil.
Al respecto, Espino del Castillo Barrón dijo que la investigación es nueva, a la que se debe dar seguimiento con cautela, en la que también toca intervenir a las procuradurías de Justicia del Distrito Federal y de Quintana Roo.
“Tendremos que buscar la federalidad (sic) del caso sobre todo (…) no puedo dar más detalles del caso”, comentó.
Entrevistado por separado, el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, se desmarcó de ser “la mano negra” que orquesta la “guerra sucia”, que Sánchez Martínez, asegura, existe en su contra.
“De ninguna manera, aquí no hay ninguna persona vinculada al partido; lo que conocemos, que es lo que hemos escuchado y leído, es un asunto de un particular que puso una demanda y le toca al señor presidente municipal hacer su defensa y aclarar este lamentable asunto.
“Yo soy amigo de Greg Sánchez y precisamente por ese afecto que le tengo al presidente municipal seré de los principales en cuidar que aquí no se utilice la política en un tema exclusivo de procuración de justicia, que no se contamine el proceso y que tenga todas las garantías en la parte que le toca al estado”, aseguró.
Ambos funcionarios acudieron al nombramiento de Jorge Aranda Navarro, quien fue designado por el procurador de la PGR, Arturo Chávez Chávez, como el nuevo delegado de la dependencia en Quintana Roo, en sustitución de Elba Alicia Sánchez Rodríguez, quien fungió durante seis meses como encargada de despacho.
La funcionaria, quien será transferida a otra entidad federativa, sustituyó a Nicolás Hernández Mendoza, quien fue aprehendido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), en septiembre del 2009.
Aranda Navarro es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y se ha desempeñado como delegado de PGR en Coahuila y Durango; también ha fungido como director general de la Agencia Especializada del Ministerio Público, adscrito al Instituto Nacional de Combate a las Drogas y Director de Responsabilidades “A” del Órgano Interno de Control.
Aquí, dijo que una de sus prioridades será incluir al Consejo de Participación Ciudadana para coordinar acciones conjuntas en la prevención del delito.
El gobernador del estado, luego de señalar que Aranda Navarro es “un funcionario muy completo, muy conocedor”, afirmó que en el estado, las expresiones de la violencia se han contenido y que “ha quedado resuelto”, pues la gran mayoría de los que participan de las ejecuciones dentro del territorio, han sido detenidos y puesto tras las rejas.
Al respecto Bernardo Espino consideró que aquí, por la vocación turística del destino, el tema debe abordarse con cuidado y señaló que las ejecuciones son “vendetas y mensajes” enviados entre los propios criminales. (Fuente: El Periódico)
