CANCÚN, MX.- La delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) podría sufrir la pérdida de su actual delegado, Luis Jorge Morales Arjona, quien ha sido llamado por el procurador, Patricio Patrón Laviada, para sumarse a las filas de la dependencia, en las oficinas centrales de la dependencia.
Además, la delegación en Quintana Roo perdió a ocho de sus abogados, adscritos al área jurídica, algunos de ellos, se fueron a organizaciones civiles o a la iniciativa privada, debido a la vida cara de Cancún y a los bajos sueldos que no les permite costear sus gastos aquí.
La situación fue confirmada por el propio delegado de la dependencia, Luis Jorge Morales Arjona. “Me está invitando el procurador a irme a México, pero esa es una cuestión que no decide uno solo, hay que platicarlo con la familia y hasta que se platique bien, tomaremos decisiones y vámonos”, expresó.
El funcionario aclaró que el nuevo cargo no sería como subprocurador de Recursos Naturales, puesto que dejó vacante Ramiro Rubio Ortiz y que ha sido ocupado por Javier Sosa Escalante, ex director de Vida Silvestre.
Morales Arjona dijo que la carencia de personal y los bajos salarios son los principales problemas que enfrenta la institución para hacer frente a la intensidad de los delitos ambientales que se registran diariamente.
Por poner un ejemplo, indicó que el año pasado dieron atención a 450 denuncias, una por día, sin contar aquellas que no eran de su competencia.
“El problema ni siquiera es afuera, el problema lo tenemos adentro. Ahorita tengo ocho vacantes en el jurídico, no tengo ocho abogados. Sueldos bajos; entró uno, duró un mes y se lo llevaron al Cemda (Centro Mexicano de Derecho Ambiental).
“Mucha gente que viene de otros lados, aguanta muy poco tiempo por lo caro de la ciudad. Todo su sueldo se les va. Así está la cosa, no cualquiera nos acepta, tienen que ser jóvenes, prácticamente egresados; la curva de aprendizaje lleva y eso hace que tengamos atrasos importantes”, dijo.
Los sueldos de un abogado, por ejemplo, van en promedio por los ocho mil pesos mensuales, lo mismo que el de los inspectores, que suelen estar bajo la tentación constante por parte de promoventes, gestores o abogados de inversionistas, que pueden intentar corromperlos para evadir el inicio de un procedimiento administrativo o una clausura a sus millonarios y dolarizados desarrollos. (Fuente: El Periódico)