CANCÚN, MX.- Mientras los regidores analizan la posibilidad de cancelar el contrato de recoja de basura que firmó el ayuntamiento con la empresa Domos, los ciudadanos padecen los estragos del mal servicio de limpia y, muy a su pesar, se han acostumbrado a ver las calles repletas de bolsas de basura.
Detrás del contrato firmado entre el ayuntamiento y Domos, existe una cadena de irregularidades que, sin embargo, fueron aprobadas por el cabildo de Benito Juárez, y también por el Congreso del estado.
Noticaribe obtuvo a través de la Unidad de Transparencia, una copia del contrato de 35 hojas que suscribió el alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez y la empresa “Recolección y Disposición de Desechos S.A. de C. V.”.
La primera irregularidad de la copia del contrato que fue entregado, es que en la página 24, en el renglón donde se especifica cuánto debe pagar el municipio por cada una de las toneladas de basura recolectada por la empresa, la cifra fue borrada, lo mismo que en lo relativo al pago de cada tonelada trasladada hacia su disposición final. Por lo que no es posible determinar la cantidad de dinero que el ayuntamiento estaría pagando a la empresa.
El contrato de concesión, por 20 años, a favor de la empresa “Recolección y Disposición de Desechos S.A. de C. V.”, comercialmente conocida como Domos, fue aprobado por la XII Legislatura y publicado en el periódico oficial el Quintana Roo el 3 de diciembre de 2008, fecha a partir de la cual empezó a surtir efecto.
Sin embargo, a casi un año y medio de la firma y aprobación de este contrato la empresa Domos prácticamente ha incumplido con todo lo convenido, con la total complacencia del ayuntamiento, por ejemplo, en la cláusula primera de las ‘Condiciones’, se establece que dentro de los treinta días naturales posteriores a la firma del contrato la empresa iniciaría con el saneamiento del tiradero a cielo abierto de Puerto Morelos, lo cual no ocurrió.
En la ‘condición’ tercera, inciso B, se lee que “la concesionaria se obliga a adquirir dentro del plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de la suscripción del presente contrato (…) por lo menos sesenta vehículos nuevos con aditamentos suficientes para prestación óptima de los servicios (…)”, lo que tampoco se cumplió, sin que el ayuntamiento se lo exigiera, aún y cuando se establece como plazo máximo los 30 días posteriores a la firma del contrato, que fue el 19 de diciembre del 2008, esto significa que para el 19 de enero del 2009, Domos debía haber puesto en operación, “por lo menos” sesenta camiones recolectores de basura.
Con todo y “liquidación” de trabajadores, la nómina de Servicios Públicos se incrementó considerablemente
En el inciso H de la quinta ‘condición’, se señala que la concesionaria se obliga a “entregar a la firma del presente contrato de concesión, y mediante cheque de caja a favor del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, la cantidad de 20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.); para liquidar e indemnizar (…) a los trabajadores que con motivo del otorgamiento de la concesión se vean afectados”.
Pero el ayuntamiento tampoco cumplió del todo con la liquidación de los trabajadores, ya que en el supuesto de que la empresa Domos hubiera entregado los 20 millones de pesos para el finiquito de los trabajadores, ello hubiera implicado que los 218 trabajadores sindicalizados que, según Julián Ricalde Magaña, Secretario Municipal de Obras y Servicios Públicos, fueron liquidados a mediados de enero del 2009, habrían recibido casi 92 mil pesos cada uno; pero ello no fue así, puesto que el martes 13 de enero, los trabajadores de servicios públicos municipales en riesgo de ser despedidos realizaron un paro y denunciaron a su líder sindical Delia Alvarado, y al propio Ricalde Magaña de presionarlos para firmar sus renuncias en condiciones desventajosas.
Sin duda el contrato con Domos es un negocio del alcalde Gregorio Sánchez, lo que se desprende no sólo del mismo documento legal sino de otros datos. Por ejemplo, en 2009, la nómina de los empleados de Servicios Públicos aumentó desproporcionadamente, en lugar de reducirse por el supuesto recorte de personal.
De acuerdo a la solicitud de información 44/2010, por pago de nómina de los empleados de Servicios Públicos, el ayuntamiento erogó en el 2007, 103 millones 309 mil pesos; la cifra aumentó drásticamente a 176 millones 746 mil pesos en el 2008; y en el 2009, con todo y la liquidación de casi dos centenares de trabajadores, el pago por este concepto creció a 188 millones 670 mil pesos, lo cual además de ilógico pone en evidencia un gasto injustificable.
En su intención por ocultar su sucio negocio, el alcalde Gregorio Sánchez, a través de sus diversas secretarías y direcciones se ha negado a entregar algunos datos. Por ejemplo, en la misma solicitud 44/2010, se solicita saber “¿con cuántos elementos de Servicios Públicos contaba el ayuntamiento al término del 2007, del 2008 y del 2009?”. Wilberth G. Esquivel Zanoguera, encargado de despacho de la Secretaría municipal de Obras Públicas, y quien sustituyó al amigo del alcalde Julián Ricalde Magaña, respondió que “en virtud de lo ambiguo que resulta el término ‘elementos’ (…) le solicito de favor nos sea especificada la información que se está solicitando”.
No sobra decir que la solicitud de información se realizó el 17 de febrero, y prácticamente 15 días después, el 2 de marzo, el funcionario Wilberth Esquivel consideró que el término “elemento” es ambiguo, o al menos resulta incomprensible para él.
Pero, gracias a la respuesta contenida en la solicitud de información 142, del año 2008, es posible poner sobre el papel algunos datos que sirven para dar cuenta de los desaseados manejos de la basura. En el 2007 se tenían 853 empleados adscritos al área de Servicios Públicos y el pago mensual de la nómina ascendía a 1 millón 824 mil pesos. En el 2008, es decir, ya en la administración de Gregorio Sánchez Martínez, el número de empleados se incrementó a más del doble, y en la nómina se registraban 1, 705 trabajadores, por los que se erogaban mensualmente 5 millones 624 mil pesos.
Considerando ese último dato, y suponiendo que el “gobierno de cambio” no hubiera liquidado a ningún trabajador por la entrada en operación de Domos, el resultado de multiplicar la nómina mensual de 5 millones 624 mil pesos, correspondiente a los 1,705 trabajadores, por 12 meses, da como resultado un total de 67 millones 488 mil pesos. ¿Cómo entonces, el pago de nómina de Servicios Públicos en 2009 pudo ascender a 176 millones en ese 2008, y luego siguió creciendo en el 2009 a 188 millones de pesos si se realizó la liquidación de trabajadores? .
Hay otro dato del que no ha sabido dar cuenta la administración de Gregorio Sánchez. En la solicitud de información 41/2010, se le preguntó “¿cuántos camiones de recoja de basura tiene en funcionamiento el ayuntamiento?; además se le requirió decir: “¿cuántos volquetes y camiones ha rentado el ayuntamiento en la presente administración para la realización de trabajos de limpieza?”.
Nuevamente fue Wilberth Esquivel el encargado de dar contestación a la solicitud, esta vez la pregunta no le resultó “ambigua”, aunque no ha podido darle respuesta, por lo que solicitó una prórroga, misma que se venció el 25 de marzo pasado, sin que hasta el momento se hayan entregado los datos.
Prohibido pedir “propinas”
El extenso contrato firmado entre el ayuntamiento y la empresa “Recolección y Disposición de Desechos S.A. de C. V.”, conocida comercialmente como Domos, incluye toda una serie de consideraciones como la supervisión de los trabajos, la aplicación de multas por incumplimiento, la entrega anual de una fianza de 100 millones de pesos, el saneamiento de los tiraderos a cielo abierto, y toda un rosario de cláusulas que se han incumplido, prácticamente desde la firma del convenio, como la puesta en operación de una báscula para pesar la basura recolectada por la empresa y que serviría para determinar el pago que debía realizar el ayuntamiento a la empresa.
En el contrato, está previsto incluso, la prohibición para los empleados de solicitar propinas o condicionar el servicio a cambio de éstas; en la cláusula séptima, numeral V se establece como obligación de la concesionaria: “tomar las medidas necesarias para evitar que el personal no condicione (sic) la prestación del servicio al usuario, a cambio de propina o gratificación (…)”.
Esto tampoco se ha cumplido, pues además de que la empresa Domos no ha podido brindar el servicio de recoja de basura eficientemente, una de las principales quejas de la ciudadanía ha sido precisamente el condicionamiento del servicio, cuando los camiones recolectores “se aparecen” por las colonias.
“El manejo de la basura, un negocio sucio”
En su edición del sábado pasado, el periódico Por Esto, publicó en su página 16 una nota que pone al descubierto información importante sobre el caso, y que a continuación reproducimos:
El manejo, recolección y destino final de la basura en Cancún se ha convertido en un problema de corrupción, mentiras, falta de recursos, y en un negocio para la familia del alcalde Gregorio Sánchez Martínez.
Durante más de ocho meses, y a través de Servicios Públicos Municipales, y con el apoyo del amigo personal y compadre del presidente municipal, Pedro Salinas, el ayuntamiento Benito Juárez ha disfrazado las deficiencias de la concesionaria Domos.
Lo anterior se desprende de una investigación iniciada desde la Secretaría General de la Comuna, donde se establece que Pedro Salinas, es quien realmente se ha hecho cargo del relleno sanitario, y ha “evitado” una contingencia ambiental, con maquinaria pesada para dar soporte a la celda emergente del tiradero.
Asimismo, también se logró averiguar que es Felipe Sánchez Martínez, hermano del lacalde Gregorio Sánchez, quien orquesta directamente la concesión de Domos, y trabaja de forma conjunta con la Dirección de Servicios Públicos para que al menos se dé la cobertura de 45 de las 90 rutas de recolección de basura establecidas en el municipio.
Pero el hermano del primer edil no trabaja solo. En escena también ha aparecido el nombre de Antonio Sánchez, quien dentro de la actual administración es conocido como el “Tigre”, sobrino del presidente municipal y quien es reconocido por directores de área del ayuntamiento como uno de los principales operadores del gobierno en cuestiones delicadas, una de ellas la concesión de Domos y la basura. (…)
¿Punto final?
Aunque la concesionaria Domos incumplió prácticamente, desde el principio con todas las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato, el ayuntamiento, desde el presidente municipal Gregorio Sánchez, como las dependencias involucradas, Obras Públicas y Ecología, así como los integrantes del cabildo, no hicieron nada por corregir la situación ni para exigir a la empresa la prestación del servicio en las condiciones pactadas.
La complacencia mostrada por los regidores y los funcionarios involucrados ahora contrasta con la urgencia de “sellar” el cochinero de Domos, quizás porque la operación de la empresa, ya no conviene a nadie. (Noticaribe)
