CANCÚN, MX.- Los nexos de antaño que ligan al candidato a la gubernatura de Quintana Roo, por el PRD-PT-Convergencia, Gregorio Sánchez, y a su familia, con el presunto tráfico de indocumentados a través de la frontera mexicana que Chiapas guarda con Centroamérica, fueron evidenciados por publicaciones nacionales y locales.
Son cinco los presidentes municipales de Benito Juárez detenidos por algún tipo de delito. Ellos son Arturo Contreras Castillo, Mario Villanueva, Rafael Lara, Juan Ignacio García Zalvidea y el más reciente, Gregorio Sánchez Martínez, actualmente preso en el penal de Nayarit.
De estos cinco personajes, tres han sido involucrados con el narcotráfico, como es el caso de Mario Villanueva, extraditado a los Estados Unidos, Rafael Lara, aunque este fue arraigado por cerca de un año y luego declarado inocente, y ahora Gregorio Sánchez Martínez, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y estar involucrado con el cartel de Beltrán Leyva y los Zetas.
En el caso de Sánchez Martínez, en los próximos días el juez determinará si le dicta auto de formal prisión o de libertad.
Arturo Contreras Castillo y Juan Ignacio García Zalvidea, fueron acusados de peculado contra las arcas municipales.
En el actual proceso electoral compiten por el mismo cargo, es decir, la presidencia municipal de Benito Juárez, Guadalupe Novelo Espadas, quien es abanderada por la coalición que conforman el PRI, PV y Partido Nueva Alianza, así como Julián Ricalde Magaña, a quien abandera la gran coalición integrada por el PAN, PRD, PT y Convergencia.
Presos por peculado
La historia de presidentes municipales de Benito Juárez presos inició con el edil interino Arturo Contreras Castillo, quien ocupó es cargo en 1993, luego de relevar a Mario Villanueva Madrid.
Contreras Castillo fue acusado de peculado contra las arcas municipales y el caso fue conocido por los llamados “cheques de hule” que expidió.
En el caso de Juan Ignacio García Zalvidea, el llamado “Chacho” inició su carrera política en el 2000, cuando contendió, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) por la diputación por el entonces Distrito Electoral Federal 01.
En el 2001, cuanto intentó contender por la presidencia municipal, también por el PAN, abandonó las filas de ese partido al no resultar electo candidato y decidió competir, pero abanderado por el Partido Verde. En febrero del 2002 ganó la presidencia municipal.
Ya como alcalde, “Chacho” se peleó con los regidores verde ecologistas y en el 2004, la mayoría de los regidores, incluidos los mismos verdes, renunciaron a sus cargos, con lo cual el Congreso Local disolvió el Ayuntamiento y nombró un Consejo Municipal.
Fue en ese entonces cuando, por primera ocasión y por espacio de días, “Chacho” fue encarcelado junto con un grupo de colaboradores, entre ellos Jorge Parra Moguel, Juan Carlos Muñoz y el desaparecido Alberto Peniche.
Al retomar la administración municipal por instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió, ahora por el PRD, PT Convergencia, contender por la gubernatura.
Sin embargo, al concluir el proceso electoral 2005 y ganar la presidencia municipal de Benito Juárez el priísta Francisco Alor, se inició una fuerte investigación contra de su la administración, lo que dio como resultado la acusación de peculado por 125 millones de pesos contra las arcas municipales.
García Zalvidea pasó un año en la cárcel municipal de Cancún y fue la noche del 24 de diciembre del 2006 cuando recobró su libertad luego de depositar una fianza.
Narcotráfico
En el caso de los presidentes municipales Mario Villanueva Madrid, Rafael Lara y Gregorio Sánchez Martínez, las acusaciones en su contra tienen que ver con el narcotráfico.
Por lo se refiere a Mario Villanueva Madrid, fue electo como presidente municipal de Cancún en 1990, para posteriormente solicitar licencia para contender como Senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue electo como gobernador para el periodo de 1993 a 1999.
Meses antes de concluir con su gobierno, fue acusado de acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Inclusive, aun como gobernador, fue sometido a horas de interrogación por parte de agentes federales, en ese entonces dirigidos por Mariano Herran Salvati.
Villanueva Madrid no acudió a la entrega de gobierno, permaneció prófugo por más de dos años y fue detenido en el poblado de Alfredo V Bonfil por agentes de la SIEDO.
El 10 de mayo pasado fue extraditado a los Estados Unidos, para ser procesado por una corte de Nueva York, acusado de narcotráfico.
Derivado de las mismas investigaciones del llamado “Caso Cancún” fue también detenido y arraigado por un año el ex alcalde Rafael Lara Lara, quien finalmente fue exonerado de los delitos en los que se le involucraron.
Por otro lado, Gregorio Sánchez Martínez, quien había tramitado un amparo para protegerse de cualquier acción legal de más de cien autoridades, fue detenido el pasado 25 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando retornaba de la ciudad de México, donde ofreció una conferencia de prensa junto con el líder nacional del PRD, uno de los partidos que lo postula a la gubernatura.
Ese día, como en repetidas ocasiones, se dijo perseguido político del PRI gobierno de Quintana Roo, supuestamente por encontrarse en los primeros lugares de las encuestas.
Sánchez Martínez, quien actualmente está preso en el penal de Nayarit, es acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de fomento y lavado de dinero, informó el mismo 25, por medio de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR). (Fuente: El Periódico)
La revista Proceso recreó en su más reciente número, los orígenes del alcalde con licencia, las actividades del crimen organizado y de los tratantes de personas que se desarrollan en una zona de Chiapas en donde su padre -Antonio Sánchez- compró una propiedad llamada “Rancho Puerto Rico”, en los años 70; las investigaciones oficiales sobre estos hechos, los procesos judiciales que enfrentan algunos de sus familiares y hasta lo que titula como sus “relaciones cuestionadas”.
La publicación da cuenta de lo que llama el “ascenso dudoso” de Sánchez Martínez, uno de lo 14 hijos de Antonio Sánchez y Crecencia Martínez, ambos fallecidos.
Explica que el uso que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dio a las tierras del padre del empresario y cantante grupero, para abrir campamentos que albergase a guatemaltecos refugiados, permitió que la familia saliera de la pobreza.
El gobierno federal les otorgó una concesión para explotar madera. Además, empleó a “Greg” y uno de sus hermanos, como agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Fue ahí, como agente migratorio, que Gregorio conoció a uno de sus futuros “padrinos financieros”, para la campaña que lo llevó a la presidencia municipal de Benito Juárez, en 2008. Se trata de Roberto Mazariego Figueroa, quien fue encarcelado durante cinco años por los delitos de tráfico de indocumentados y operaciones con recursos de procedencia ilícita (averiguación 179/2002 iniciada por la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR).
“Un poco después de su liberación, Roberto Mazariego, alias Chucho Blanco, se concentró en servir de ‘padrino financiero’ de la campaña del entonces candidato del PRD a la alcaldía de Benito Juárez, Greg Sánchez Martínez, pues ambos eran amigos desde la juventud”, cita Proceso, que agrega “desde entonces, años antes de emigrar a Cancún, Greg estaba presumiblemente al tanto de las actividades de tráfico de ilegales de su amigo”.
En el texto se precisa que Feliciano Sánchez Martínez, el menor de los hermanos de “Greg”, declaró en entrevista con el semanario local “Luces del Siglo”, que Mazariego Figueroa, ganadero y empresario de transportes, había sido amigo y vecino de su familia.
Del personaje se lee que “presuntamente vendía órganos humanos y tenía nexos con el narcotráfico”.
Su vida empresarial
De su faceta como empresario, Proceso reproduce los antecedentes conocidos y publicados desde años atrás, en cuanto a que Sánchez Martínez es fundador de diversas empresas, entre ellas “Jaguar Servicios Inmobiliarios, S.A de C.V”, que entre otros rubros opera una maderería, una inmobiliaria, una sala de fiestas y la empresa Servicios de Logística Aeroportuaria S.A. de C.V (Sedla), la cual -revela- contaba con contratos en nueve terminales aéreas, entre ellas las del Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y Cancún.
Menciona que contendió por una senaduría en el 2006, época en la que comenzaron las versiones que lo ligaban con el narcotráfico. Sánchez Martínez exhibió un documento que lo eximía de las investigaciones o imputaciones correspondientes.
En febrero del 2008 ganó la presidencia municipal, abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. “Una vez en el cargo, rompió con los partidos que lo postularon, recalcando que triunfó como candidato ciudadano”.
El rancho Puerto Rico…
De acuerdo con reportes oficiales mencionados por Proceso, a través de las 200 hectáreas de selva que componen el “Rancho Puerto Rico”, ubicado en el municipio Marqués de Comillas, Chiapas y, colindante con Guatemala, grupos de la delincuencia organizada trafican drogas, indocumentados y armas en la frontera sur de México.
“Mientras que funcionarios entrevistados por Proceso afirman que ésta y otras propiedades fronterizas contiguas de diversos ganaderos, dadas sus dimensiones, no pueden abarcarse en las tareas de vigilancia, un reporte de la Secretaría de Gobernación indica que autoridades militares, migratorias y de la Policía Federal ubican esta franja territorial como una de las más recurridas por los grupos de delincuencia organizada para introducir ilegales, drogas y armamento”, se lee en el trabajo periodístico.
Fue el padre de “Greg” quien compró esa propiedad, impulsado por los beneficios de hacerse de tierras en Chiapas, aprovechando que el gobierno federal, representado entonces por el presidente Luis Echeverria, buscaba poblar rápidamente la frontera con Guatemala, por un asunto de seguridad nacional.
La narración de dicha anécdota es atribuida por el semanario nacional a Daniel Sánchez, hermano mayor del edil con licencia, quien es vocalista y líder de una banda de música grupera, denominada “Los Leopardos”.
La explotación…de madera y refugiados
La zona en donde se construyó el Rancho Puerto Rico se usaba para instalar campamentos de refugiados guatemaltecos. Proceso consigna que la familia Sánchez Martínez proporcionó ayuda y asilo en sus tierras a centenas de inmigrantes, incluso con la venia de la Secretaría de Gobernación (Segob), que construyó una pista de aterrizaje para trasladar víveres, pues se carecía de vías de comunicación.
“En la actualidad, por estos caminos operan grupos armados del crimen organizado -como Los Zetas- con una capacidad de fuego que ha puesto en jaque en varias ocasiones a las fuerzas del orden del vecino país, dice el teniente Padilla, un oficial del Ejército a cargo de uno de los tres puestos de control carretero que tropas del XV Regimiento de Caballería Motorizada tienen establecidos a lo largo de la vía que viene de Comitán hacia esta zona de la frontera”, señala.
El semanario da cuenta de una anécdota que nace de la última visita que Gregorio Sánchez, ya como alcalde, hizo a aquel rancho, en el cual se hospedó previo a su internación a Guatemala, en donde recibiría el reconocimiento del gobierno de aquel, país, a su padre, justo por el respaldo que otorgó a los refugiados del conflicto armado.
Al respecto, Joel Pérez, miembro de la Junta Ejidal de Maravilla Tenejapa -comunidad próxima al rancho Puerto Rico-, dijo a Proceso que, con esa condecoración, “el gobierno guatemalteco pasó por alto el hecho de que muchos de los refugiados que se quedaron a radicar del lado mexicano eran explotados por la familia Sánchez Martínez y por otras, que los trataban como esclavos en sus tierras, les pagaban cantidades mínimas o de plano no les cubrían su jornal”.
Pérez les declaró acerca de la esclavización de indígenas por parte de terratenientes de la zona, aprovechando su condición de ilegales en México, fenómeno que fue denunciado durante el levantamiento del Ejército Zapatista..
“Sin embargo, ahora las comunidades padecen otro flagelo, mucho más peligroso, que es la violencia del crimen organizado que utiliza esta zona fronteriza como área estratégica para sus operaciones”, se indica en el texto. (Fuente: El Periódico con información de Proceso)
