Reprochan a Félix “amenazas” del procurador contra abogados de productor de TV Bruce Beresford

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MÉXICO.- El caso en el que está involucrado el productor de televisión Bruce Beresford-Redman, acusado por las autoridades ministeriales de Quintana Roo de asesinar a su esposa, la empresaria brasileña Monica Burgos, provocó que los despachos de los penalistas más influyentes de México cerraran filas en favor de los abogados defensores del estadunidense.

Niega Procuraduría amenazas contra defensa de productor

CANCÚN, MX.- Niega subprocurador (PGJE), Rodolfo García Pliego, que en la dependencia hayan amenazado de alguna forma a los abogados del productor norteamericano, Bruce Beresford, además dijo que ni siquiera conocen a estos abogados e insistió en que los alegatos de que la orden de aprehensión es anticonstitucional, sencillamente no tienen sentido.
Rodolfo García Pliego, subprocurador de Justicia en la Zona Norte del Estado, aclaró que no tienen idea de quiénes son los abogados, ya que nunca han comparecido, nadie en la dependencia ha tratado con ellos, no obstante dijo conocer las declaraciones de ellos donde señalaron que en la Procuraduría hay corrupción porque desde el celular asegurado de Bruce Beresford acusado de homicidio, se hicieron llamadas de varios cientos de dólares.
Al respecto, el funcionario estatal explicó que este celular está protegido de cualquier acceso y depositado en el departamento de bienes asegurados, pero a raíz de esto, inició una serie de declaraciones, de las cuales la defensa consideró como amenazantes y al respecto, García Pliego explicó:
“Sabemos que los abogados hicieron una imputación diciendo que en la PGJE había corrupción, porque según ellos, el señor Bruce refiere que de su teléfono, entonces dijeron que se hizo un uso abusivo y el procurador lo que refirió es que no se hiciera imputaciones temerarias porque se pueden equivocar, eso no suena a ningún tipo de presión ni de amenazas y dijo el procurador que ellos están en la libertad de proceder como quieran, pero no es en definitiva ningún tipo de agravio y no es nuestra intención estar agraviado a abogados”.
Por otro lado el subprocurador insistió en que el expediente que se consignó en contra de Bruce está sólido, por lo que no les afecta lo que está alegando la defensa en el sentido de que la orden de aprehensión es inconstitucional porque no fue debidamente fundada y motivada.
Finalmente se espera que hoy el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, presente un informe del caso ante el Juzgado Cuarto de Distrito y ante la Cancillería. (Fuente: Enfoque Radio)

Mediante una carta enviada al gobernador de la entidad Félix González Canto y al gobernador electo Roberto Borge Ángulo, 22 despachos jurídicos que encabezan connotados penalistas, como Alonso Aguilar Zínser, Agustín Acosta Azcon, Julio Esponda Ugarchea, Luis Madrigal Pereyra y Xavier Olea Peláez, manifestaron su “”indignación y rechazo a las amenazas proferidas por el procurador (de Quintana Roo), Francisco Alor Quezada, a nuestros colegas Raúl Cárdenas Rioseco y Jaime Cancino León, abogados de Beresford-Redman””.
El escrito, del cual tiene copia La Jornada, refiere que el pasado 6 de julio el funcionario manifestó, ante los medios de comunicación quintanarroenses, que si los abogados del productor pretenden “”hacer una imputación de corrupción a la procuraduría estatal, entonces que tengan mucho cuidado, porque es algo delicado. No se vayan a llevar un susto””.
Atentado al orden constitucional
El pronunciamiento que unió a los penalistas más conocidos del país -pocas veces ocurre entre los litigantes- advierte que “”las amenazas lanzadas desde el poder público contra los abogados por ejercer su profesión constituyen un atentado directo al orden constitucional y legal, y es una conducta profundamente antidemocrática ante la cual no podemos guardar silencio””.
Agregan: “”estaremos atentos al hecho y exigimos su inmediata intervención ante este proceder del procurador, que busca comprometer el ejercicio libre de nuestra profesión en el estado de Quintana Roo. México exige el respecto de la ley””. (Fuente: La Jornada)

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