CHETUMAL, MX.- El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa que propone impedir que los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad prescriban, a fin de que los delincuentes puedan ser castigados por la autoridad en el momento posible.
Se trata de una iniciativa promovida por el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Luis González Flores, en la cual plantea la necesidad de reformar el Código Penal de la entidad para que los delincuentes que incurran en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes puedan ser sancionados acorde a derecho y sin que exista la posibilidad de que la acción de la justicia prescriba con el tiempo.
En el documento se menciona que de acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 2008, se abrieron averiguaciones previas por 916 delitos de índole sexual, de los cuales 451 fueron por violación, 386 por abuso sexual, 12 por acoso sexual y 67 por estupro; siendo el municipio de Benito Juárez el que registró más casos con el 53.93 por ciento, seguido de Solidaridad con el 17.35 por ciento y Othón P. Blanco con el 16 por ciento.
Todo ello, sin considerar la “cifra negra”, es decir, el número de delitos que no son denunciados por temor, vergüenza, posible estigmatización social, amenazas por parte del victimario, negación al interior del seno familiar, la poca confianza hacia los sistemas de procuración e impartición de justicia, entre otros factores; existiendo un estimado de que en el país solamente uno de cada diez casos son denunciados.
Además de todo ello, es preocupante la forma en que la violencia, la inseguridad personal y colectiva, paulatinamente se ha convertido en una parte de nuestra cotidianeidad, “por lo que como individuos y sociedad debemos recuperar la capacidad de asombro e indignación ante hechos delictivos que vulneran el tejido social y ponen en riesgo el desarrollo integral de un sector tan crucial para el presente y futuro de nuestra sociedad: la infancia”.
Menciona el documento que en México existen dos vertientes con relación al tratamiento que se le da a la temporalidad de la acción penal en los delitos de índole sexual cometidos en contra de menores, pues por un lado se tiene la tendencia a la imprescriptibilidad, es decir, a no establecer límites de tiempo para entablar acciones penales; y por otro lado, se plantea que el plazo para la prescripción de esos delitos comience a correr a partir de que la víctima alcance su mayoría de edad.
En el caso del Estado de Quintana Roo, se han hecho reformas sustanciales al Código Penal, estableciéndose sanciones severas en contra de los delincuentes que incurran en delitos cometidos en contra de menores de 18 años, y se han creado nuevos delitos que no eran contemplados por la normatividad sancionadora como son el de turismo sexual infantil y pornografía, pero continuando con la protección de los menores es necesario evitar que ese tipo de delitos prescriban a fin de que los delincuentes puedan ser castigados en el momento que sea posible para la autoridad proceder en su contra.
En otro orden de ideas, la XII Legislatura dio entrada una iniciativa que plantea reformar varios artículos tanto de la propia Constitución del Estado, como de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, para modificar la forma en que son designados los integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado.
Además, los legisladores aprobaron un punto de acuerdo mediante el cual el Congreso local se adhiere al documento promovido por su homólogo del Estado de Tamaulipas, por el que solicitan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se revaloren los lineamientos originales del PROCAMPO, es decir, que se hagan los ajustes necesarios para reimpulsar a los productores en su actividad, tomando en cuenta que los apoyos destinados a ese sector han sido mermados considerablemente por el encarecimiento de los insumos, entre otros factores.
Los diputados locales también se adhirieron al exhorto que el Congreso del Estado de Puebla envió al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en sus respectivos ámbitos de competencias promuevan los instrumentos diplomáticos correspondientes para que se condene el intento del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica de reformar su legislación para negar la nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en su territorio, lo cual redunda en una flagrante violación a sus derechos humanos. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)
