CANCÚN, MX.- A un día de que entre en vigor la nueva disposición de la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010, que se aprobó en diciembre del 2010 y que reclasifica al mangle como especie en peligro de extinción, desarrolladores e inversionistas del estado aceleran los trámites jurídicos para lograr el amparo contra esta disposición que deja atado de las manos a todos los inversionistas del estado.
La nueva disposición entrará en vigor este primero de marzo y el sector tendrá 15 días para inconformarse.
El sector advierte que se enfrenta una sobre-regulación ambiental que frena toda posibilidad de desarrollo. Tan sólo en los últimos dos años, se han dejado de captar más de 400 millones de dólares anuales en el Caribe Mexicano a raíz de las restricciones ambientales que se han aplicado en el país, dando pie a la discrecionalidad de las autoridades.
En el propio Caribe Mexicano se menciona el freno de al menos 15 desarrollos hoteleros que siguen en la congeladora por las reformas que se han hecho a la Ley General de Vida Silvestre, y ahora a las normas oficiales.
Cada uno de estos desarrollos, representan inversiones que parten de los 10 millones de dólares hasta los 60 millones de dólares cada uno.
En el caso del sector inmobiliario, se tienen proyectos frenados cuyos valores de inversión superaban los 100 millones de dólares, que actualmente no se han logrado consolidar por las modificaciones que se han dado en las leyes ambientales.
El sector advierte que esta sobre-regulación que se ha dado en pro de una sustentabilidad, sólo ha ocasionado la fuga de capitales y la discrecionalidad de las autoridades, que ahora no querrán aprobar ningún desarrollo que se contemple en una zona de manglar, por simple temor a la propia normatividad que reclasifica esta especie en peligro de extinción, cuando el trabajo de los últimos años ha demostrado que se puede lograr ese equilibrio con labores de mantenimiento y preservación, generando viveros de mangle y reforestación como compensación.
Un proyecto hotelero que no contemple su propia preservación del recurso natural, sin duda no tendrá éxito, y eso es la conciencia que hoy mantiene el propio desarrollador.
La lección, aseguran, se aprendió hace muchos años cuando se dio una depredación de la zona, sin embargo, ahora las condiciones han cambiado y se considera que la nueva disposición del mangle, no tiene un sustento técnico ni garantiza la protección.
En días pasados, los líderes de todos los sectores productivos del estado, se han manifestado a favor de una revisión extraordinaria a la NOM059-SEMARNAT-2010, ya que consideran que su aprobación, sólo fue sustentada con fines políticos y no de análisis técnicos reales.
Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, informó que al menos 8 desarrolladores han iniciado sus expedientes jurídicos para buscar el amparo contra la disposición que entrará en vigor el martes.
Por parte de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) del estado, se sabe que otros cuatro inversionistas también estarán optando por el proceso jurídico, para proteger sus inversiones.
De estos proyectos, se sabe que al menos uno de ellos se pretende desarrollar en Tajamar, Cancún, (antes Malecón Cancún), que promueve y comercializa el propio Fonatur, quien sin embargo asegura que no ve impacto en la zona por este efecto.
Lo que es una realidad, es que proyectos como Costa Maya en el Sur del estado, están frenados por el tema del mangle y su clasificación inicial en la Ley General de Vida Silvestre, sin que hasta ahora se haya logrado destrabar.
De parte del Fonatur, se informó que oficialmente el proyecto está sepultado y no tiene proyección para aterrizarse, dada las condiciones ecológicas de la zona.
En el caso de infraestructura urbana, Carlos Díaz Carvajal, director del Instituto Municipal de Planeación (Implan) consideró que sin duda la NOM059-SEMARNAT-2010 impactará la inversión privada, sobre todo en destinos turísticos cuyo valor más preciado son los recursos naturales.
De las obras que se tienen contempladas para el desarrollo de las ciudades, consideró que no se tiene porque dar una afectación real, aunque cabe señalar que la continuidad de proyectos como el Arco Norte, no se han logrado concretar por expedientes que se tienen en contra del proyecto de parte de la Profepa. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
