CANCÚN, MX.- De cada 10 trabajadores de la construcción, tres o cuatro no tienen documentación, porque provienen de otros estados como Chiapas, Campeche, o Yucatán, o de países de Centroamérica.
El Infonavit no ha entregado un sólo crédito a albañiles, a pesar de que han construido más de 75 mil viviendas en el estado, y mientras la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reconoce a 55 mil peones, en realidad son 218 mil los que trabajan en los dos principales polos turísticos del Caribe mexicano: Cancún y la Riviera Maya.
Lo anterior lo señaló el dirigente del Sindicato de trabajadores de la construcción de Quintana Roo, José Juan Chilón Colorado, quien destacó que aunque los datos no son nuevos, hasta la fecha ni las autoridades de la Secretaría del Trabajo ni las de Derechos Humanos, ni ninguna otra, se ha ocupado del tema.
“Llevamos más de seis años denunciando abusos a los trabajadores de la construcción, desde antes de que existiera una Secretaría del Trabajo en el estado, que no ha terminado de organizarse y por tanto no da resultados” comentó Chilón.
“El abuso a migrantes no es nuevo, (…) se ha pedido en varias ocasiones la intervención de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Gobierno (del estado) pero no ha ocurrido”. “(Por su parte) el IMSS no vigila que los empleados de la construcción estén dados de alta y no se respetan sus derechos laborales”, enfatizó.
Los migrantes son doblemente castigados, pues no sólo se les somete a jornadas laborales intensas, sino que a los que carecen de documentación se les reduce el pago hasta en un 50 por ciento, comentó el líder de los trabajadores de la construcción. Detalló que un peón de albañil gana de 1,400 a 1,600 pesos a la semana, un oficial de 1,800 a 2,200 a la semana, un oficial de carpintería, pastero o herrero gana de 2.200 a 2500 por semana, pero cuando no tienen documentos, su sueldo se reduce incluso a la mitad, enfatizó.
Recordó que tras el paso del huracán “Wilma”, ocurrido en el 2005, en un año se registraron 120 muertos en construcciones, y en ese entonces se le expuso la situación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo titular era Gaspar Armando García Torres, pero la Comisión no le dio seguimiento al caso, dijo.
José Juan Chilón señaló que es una práctica común que constructoras y propietarios de hoteles envíen camiones a Chiapas Campeche, Yucatán, Tabasco y otros estados, para traer campesinos a las obras, donde, muchas veces, se les obliga a permanecer en éstas, sin dejarlos salir; inclusive allí se les vende la comida, que en promedio cuesta 45 pesos, dijo. Igualmente, los albañiles carecen de equipo de protección como botas y cascos.
Aunque ve con buenos ojos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Centro de Atención al Migrante estén iniciando un trabajo coordinado para atender los abusos que se cometen contra los migrantes, quienes se emplean predominantemente en la industria de la construcción, el líder de los albañiles no deja de ser escéptico, ante lo añejo del problema. (Noticaribe)
